Cobertura Universal de Salud

Compartimos la nota central de El Roble 104- Una visión crítica de los últimos anuncios del Gobierno Nacional en el ámbito de la salud.

La única alternativa seria para la salud del pueblo es un hospital público y centros periféricos financiados por rentas generales, cambiando el sistema de recaudación regresivo que tenemos pasando a uno progresivo para que sean los sectores más acomodados de la sociedad los que garanticen el derecho a la salud de los sectores más vulnerables. Bajo la protección de un sistema único integrado de salud PÚBLICA UNIVERSAL Y DE CALIDAD.

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Cobertura Universal de Salud, el nuevo plan a través de la mirada de un trabajador de la salud de la  Provincia de Bs As.

Por Anibal Mariano Aristizabal MP 229509 MN 127074

Médico clínico y emergentólogo del Hospital Pedro Fiorito

Presidente de la seccional Fiorito de CICOP

El anuncio de la llamada cobertura universal en salud (CUS) por parte del presidente Macri que lidera la coalición de gobierno CAMBIEMOS pretende disfrazar detrás de declaraciones rimbombantes de mejoramiento y eficiencia del sistema; a través de la entrega de cifras millonarias, que como un canto de sirena endulcen los oídos de quien lo escucha, dirigiéndolo a una perdición segura. Es todo un ardid publicitario, pasemos a analizarlo.

En primer lugar tenemos que señalar que el actual sistema de salud, pese a un desfinanciamiento de décadas, con hospitales públicos destruidos, ausencia de insumos y aparatología, con trabajadores precarizados, con salarios que rondan la pobreza (y hasta a veces la miseria), es un sistema que brinda atención en forma irrestricta, a todas las personas que habitan el territorio argentino, dentro de sus posibilidades. Es decir es UNIVERSAL. Deficitario en muchos sentidos pero universal, y las medidas que ha nombrado el gobierno de cambiemos no son las adecuadas para revertir el déficit imperante. Sino que por el contrario las profundiza.

El decreto anuncia la confección de una historia clínica única informatizada y una credencial identificatoria para aquellos que carezcan de una atención en salud y cumplan con los requisitos (es decir demuestren que no pueden acceder a la salud como un bien de mercado, en otras palabras den constancia de pobreza). Alrededor de unas 15 millones de personas que no poseen otra atención en salud más que la que brinda el estado son los supuestos beneficiados de este decreto. Una credencial que hoy se presenta como una forma atractiva de organización con algunos beneficios (por ejemplo descuentos en farmacias, dando un paso más en la mercantilización de la salud y dejando a los programas de distribución de medicación por parte del estado como el PRODIABA y el PROEPI pedaleando en el aire), no deja de ser una forma de acceso y por lo tanto una futura barrera de ingreso al sistema público de salud, antes universal y sin restricciones.

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Además el decreto crea la agencia nacional de evaluación y tecnologías (AGNET), que en palabras del propio presidente “va a estudiar qué medicamento y proceso es apropiado, porque a veces se disponen medicamentos que llevan a un despilfarro y sobreprecios”. Me pregunto cuáles son los procesos que va a investigar la agencia, o mejor dicho los procesos de quiénes. Así los pobres no solamente deberán demostrar pobreza para ser atendidos en hospitales públicos, sino que además los integrantes del equipo de salud serán evaluados en sus solicitudes de estudios y procedimientos (siempre nos referimos a los beneficiarios del CUS, este concepto no se aplica a las prepagas que pueden realizar prácticas y recetar medicamentos costosos sin ser auditados). Es decir barrera X 2.

Esto se llevaría adelante a través de la utilización de una parte del fondo solidario de redistribución (FSR), 8 mil millones de pesos se destinarán en forma excepcional y por única vez, para realizar la instrumentación del CUS, no para garantizar mejores salarios a los trabajadores ni para mejorar los hospitales y su instrumental; sino para generar las condiciones para la realización del plan (software de informatización, generación de redes y soporte tecnológico para las mismas etc.). La finalidad de esta inversión tecnológica es perfeccionar la llamada autogestión de los hospitales, es decir que el hospital público pueda cobrar con mayor celeridad las prestaciones que realice a los sectores privados. Otros 14 mil millones serán destinados a la compra de bonos del tesoro nacional, que generarán regalías en forma trimestral que serán reintegradas al FSR y así sostener el sistema. Nótese cómo el estado se desvincula de garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos y en cambio lo reemplaza por sistemas de financiamiento externo, entre otros la especulación financiera, TODA UNA DEFINICIÓN transformando el derecho a la salud en un bien de mercado dependiente de la renta financiera.

Esto no queda solo allí sino que avanza en forma inequívoca a una mayor privatización de la salud. En propias palabras del ministro Lemus se conformará un plan médico obligatorio (PMO) dentro de la CUS y si el estado (desfinanciado desde hace décadas) no puede brindar una prestación se contratará a un privado para brindar cobertura. Así, mayor negocio para el sector privado que realizará las prácticas que el sector público (desfinanciado) no puede realizar incrementando sus ganancias, y así aumentando la desigualdad en el acceso a la salud de la población. Ya que el sector público cada vez más pobre dependerá cada vez más del sector privado y los más vulnerables dependerán de las migajas que caigan de arriba para acceder a una salud de calidad cada vez más lejana. El CUS que el presidente Macri, anuncia como la salvación del sistema de salud argentino. No es otra cosa que un giro más de tuerca hacia la privatización de la salud, que comenzó con la desregulación de las obras sociales en los 90´. No es casual que el deterioro de la salud pública se dé en forma simultánea con la expansión de la medicina privada. Ya que es una condición sine qua non la una de la otra. El florecimiento de la medicina privada depende de la destrucción de la salud pública, ya que, ¿quien haría los terribles esfuerzos para acceder a la medicina privada si el hospital público funcionase como debiera?  El estado abandona su rol de “benefactor coyuntural de antaño” dejando la salud de ser un derecho garantizado por él, pasando a ser un bien de mercado al que debemos acceder dentro de nuestras posibilidades individuales.  

La única alternativa seria para la salud del pueblo es un hospital público y centros periféricos financiados por rentas generales, cambiando el sistema de recaudación regresivo que tenemos pasando a uno progresivo para que sean los sectores más acomodados de la sociedad los que garanticen el derecho a la salud de los sectores más vulnerables. Bajo la protección de un sistema único integrado de salud PÚBLICA UNIVERSAL Y DE CALIDAD.

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