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Por una vida libre de violencias

La población carcelaria en Argentina permite demostrar el propósito clasista y con una patriarcal que tienen los sistemas penitenciarios en general.

En números, aproximadamente el 51% de las personas privadas de su libertad en penales tienen condena firme. Esto quiere decir que el proceso penal terminó y se consideró a esa persona culpable de un delito. El resto de las personas están en prisión preventiva, es decir que están presas mientras se sigue investigando si delinquieron.

Del total de la población carcelaria casi el 43% de las personas están presas por robo o tentativa de robo. El 15% por tenencia o venta de estupefacientes, el 13% por homicidios, y el 11 % por delitos sexuales.

Es importante aclarar que cuando se habla de robo, no se hace referencia a las grandes estafas de capitalistas, ni a la corrupción estatal, con complicidad policial y judicial, sino a los delitos menores de apropiación de propiedad privada, generalmente efectuados por personas pobres y expulsadas del sistema, sin posibilidad de acceso a condiciones dignas de vida.

Por otra parte, con respecto a los delitos sexuales, si bien el 11% de las personas detenidas son investigadas por delitos de tipo sexual, menos del 5% de aquellas son condenadas. Este porcentaje responde a la dificultad de demostrar la culpabilidad de alguien, cuando se trata de delitos contra la integridad sexual.

En este sentido, los abusos sexuales se suelen dar en espacios donde solo se encuentran el abusador y la víctima. Éstos, no se materializan en espacios públicos, abiertos a plena luz del día, sino por lo general se dan dentro de los hogares, o en espacios cerrados y privados. Más del 80% de los abusos se perpetúan intrafamiliarmente, es decir que se cometen por un familiar de la víctima. Esto implica que, al momento de denunciar y probar judicialmente un abuso sexual, generalmente solo se cuenta con el testimonio de la víctima, como prueba incriminatoria. Esto para el sistema judicial no alcanza para condenar a una persona. Por lo que, la mayoría de las personas denunciadas por delitos contra la integridad sexual (como se dijo, más del 95%) son absueltas.

A esto hay que agregar que los procesos en los que se investigan tales delitos suelen ser terriblemente revictimizantes para quienes padecieron los abusos sexuales. Se suele descreer de los dichos de las víctimas, las hacen declarar muchas veces, atacan cualquier tipo de contradicción que puedan tener mientras relatan lo sufrido, sin entender que los abusos sexuales dejan secuelas traumáticas muy difíciles de superar. Hay autores que asimilan tales secuelas a las personas que vuelven de la guerra.

En este sentido, el carácter patriarcal del sistema judicial reside en entender a los abusos sexuales como cualquier otro tipo de delito. Éstos son investigados como cualquier robo o hurto, y se les exige a las víctimas una total coherencia en sus denuncias, que sus declaraciones sean lógicas y detalladas, que no presenten ningún tipo de contradicción. Es tan perverso el sistema, que tales requerimientos se le exigen también a niñes víctimas de abuso. La consecuencia directa es la impunidad para los violadores.
En este mismo sentido, con la excusa del COVID-19, muchos jueces aprovecharon esta situación para liberar genocidas y violadores. Puntualmente el Juzgado de Ejecución Penal nro 2 de Morón, quiere liberar a GABRIEL IRENEO LOPEZ RODRIGUEZ, abusador de niñes preso en el penal de Magdalena, a pesar de no ser una persona de riesgo.
Después de un largo proceso penal, las victimas lograron que se condene a GABRIEL IRENEO LOPEZ RODRIGUEZ a 20 años de prisión. Hasta ahora cumplió solo 6 años de condena y pidió la libertad, hecho que el Juzgado está evaluando y ya se comunico con las victimas para anoticiarlas. Las víctimas se encuentran en este momento con muchísimo miedo y ataques de pánico.
EXIGIMOS NO SE LIBEREN A ESTE VIOLADOR DE NIÑES. EXIGIMOS NO LIBERE A NINGUN ABUSADOR SEXUAL. LUCHAMOS POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PATRIARCAL.

Corresponsal para El Roble

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Hasta que sea ley

Pañuelos-verdes-1080x675En 1987 la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos reunida en Costa Rica decidió que cada 28 de mayo se celebraría el “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer” ¿qué mejor día para visibilizar que el aborto es un tema de salud pública?
Por eso, el 28 de mayo, en el Congreso Nacional, la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito volvió a presentar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esta nueva redacción tiene algunas modificaciones respecto al proyecto que el año pasado fue rechazado por Senadores. Algunos de los cambios son: la inclusión de “identidades con capacidad de gestar” a la categoría mujeres, como aquellas capaces de gestar y en consecuencia, de abortar; penalizar a quien dilate la práctica, proporcionar información precisa, científica y que no incluyan opiniones personales. Además dedica un capítulo a la necesidad de la Educación Sexual Integral, incluyendo al aborto como un derecho.

¿Por qué es importante volver a presentar el proyecto de ley?
Desde El Roble conversamos con algunas compañeras y en todas sus opiniones podemos encontrar que es fundamental la persistencia, la importancia de mantener el tema en agenda, visibilizarlo, hasta que sea ley.
Verónica Villamarín, feminista sindicalista y bancaria nos dice: “es una manera de instalar un debate que tiene que continuar. El tema del aborto tiene que ser un debate permanente. Esta sociedad va a tener que hablar en todo momento” y de la misma manera, Cecilia, docente de nivel secundario afirma: “La importancia de volver a presentar el proyecto IVE radica en continuar la lucha por la despenalización moral de la práctica… mientras seguimos la lucha para que ningune esté sole si desea interrumpir un embarazo, que sepa que hay redes y muchas para acompañar”
Cynthia, villera bordó, hace hincapié en la libertad para decidir sobre nuestro cuerpo: “debemos dejar de ser esclavas modernizadas de este sistema patriarcal y capitalistas, somos seres con vida y autonomía propia, No somos de uso descartables de unxs pocxs apoderadxs. El aborto es una ley que el Estado nos debe”
Otro de los temas que se repite es la importancia de cumplir con la ley de Educación Sexual Integral (a 13 años de su sanción) Carina, estudiante de Trabajo social, nos dice que “se debe dejar de criminalizar el aborto, pero sobre todo educar para evitar la condena social”.

¿Quiénes sufren las consecuencias del aborto clandestino?
Fabiana, trabajadora social en equipos de orientación escolar de Hurlingham, también incluye a la ESI como parte de una lucha común e introduce la variante de clase para pensar esta problemática: “la legalización del aborto en condiciones seguras es importante para la clase que vive del trabajo, junto con que haya insumos y programas de prevención de embarazos y ETS, que provean masivamente los distintos métodos, y que la educación sexual integral se haga efectiva en las escuelas y trascienda a la sociedad en general”
Cecilia plantea que “las mujeres pobres mueren diariamente por abortos inseguros. Es un derecho y hay que conquistarlo en la calle” poniendo de relieve una de las problemáticas clave para comprender que vivimos en una sociedad desigual y que quienes pagan las peores consecuencias son las personas que no tienen el dinero para hacerse un aborto en un consultorio privado.
Por otra parte, Verónica plantea una cuestión fundamental a la hora de salir a luchar, la unidad. Dice que “Con cada conquista se nos abre el camino para que otras mujeres e identidades sexuales digan que todes podemos”

#SeráLey
#NuevoProyectoIve
#SeguimosHaciendoHistoria

Corresponsal de El Roble

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Despiden a colectivera por denunciar acoso sexual

En Catamarca, una colectivera denunció acoso sexual por parte de un inspector y solicitó un cambio de horario para no cruzarse con su agresor. Frente al pedido, los directivos de la empresa de transporte El Nene despidieron a la colectivera.

Foto: La Unión digital

Los directivos de la empresa de transporte El Nene, de la provincia de Catamarca, despidieron ayer a una colectivera de la línea 104. La chófer había denunciado acoso sexual de parte de un inspector y solicitó un cambio de horario para no cruzarse con su agresor. Sin embargo, el inspector continúa en funciones y la colectivera fue despedida.

En declaraciones a El Ancasti, Juan Vergara, Secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de dicha provincia, manifestó: “hace un par de semanas atrás ella vino por el gremio diciéndonos que había sufrido acoso por parte de un inspector de la empresa pero que no queria hacerlo público pero quería ver la posiblidad de frenar esto sin exponerse”.

No es casual que los directivos de El Nene hayan defendido al denunciado y castigado a la víctima: las mujeres apenas tienen lugar dentro de un gremio conducido por hombres. La ley de cupo femenino del sector -solo aplicable en Buenos Aires- fue el producto de una lucha de 8 años. En octubre pasado, Erica Borda logró su reincorporación y que la justicia reconozca que existió “discriminación de género”.

De acuerdo a lo trascendido, los dirigentes de la UTA provincial se presentaron en la empresa para defender a la trabajadora. Pese a esto, los directivos de la firma se mostraron intransigentes: sosteniendo el despido y respaldando al acusado. En las últimas horas, se conoció que tomaría parte en el asunto el Ministro de Transporte de Catamarca.

Por ANRed.

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#8M: el ministro Finocchiaro (Educación) amenaza con descontar el día de paro

Difundimos el comunicado de la agrupación Verde Roja y Negra de estatales del ministerio de Educación nacional frente a la maniobra patronal y machista por parte de Alejandro Finocchiaro que pretende descontar el día de paro a quienes se hayan adherido el 8 de marzo.

ANTE LA AMENAZA DE DESCUENTOS, ¡ORGANICÉMONOS!

Queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la amenaza de descuentos por parte del Ministro, Alejandro Finocchiaro, ante el ejercicio de nuestro derecho a huelga.

En repetidas ocasiones y por diversos funcionarios se nos ha transmitido la decisión tomada de descontar el día a lxs compñerxs que adherieron al paro del 8M, convocado por nuestro sindicato, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Esta decisión del Ministro es ante todo una acción antisindical, pero empezar por el 8M muestra a las claras la misoginia de un funcionario que ya ha sido acusado por abuso sexual.

Esto se inscribe en un ministerio en el que no se ha avanzado en ninguna medida a favor de nuestros derechos y donde la violencia institucional ejercida contra las mujeres se hace cada día más evidente. Por citar sólo algunos ejemplos, en nuestro ministerio:
– En los últimos cuatrimestres se descontó indebidamente el presentismo, afectando con esta medida particularmente a las mujeres y a quienes se tomaron licencia por cuidado de familiares enfermxs, menores de 12 y mayores de 65 años.
– No se cuenta con protocolo ante violencia de género dentro del ámbito laboral.
– No se han dispuesto los requerimientos mínimos que establece el protocolo de actuación e implementación de la licencia por violencia de género acordada en el acta paritaria del 16/11/18.
– No se ha respetado la Ley Micaela, que obliga a capacitar a todxs lxs trabajadorxs del estado en temáticas de género.
– No se cuenta con lactarios.
– No se cuenta con las vacantes necesarias en los jardines materno-parentales.
– No se garantiza el presupuesto para hacer efectivo el derecho a la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos.

Descontar el paro del 8M debe leerse como lo que es: un nuevo ataque a la organización de lxs trabajadores, a sus sindicatos y a sus herramientas de lucha. Si lo dejamos pasar, van a venir por más. Por eso exigimos al Ministro la marcha atrás de esta medida ilegal, antisindical y que vulnera nuestros derechos como trabajadorxs.

Reclamamos a nuestro sindicato que convoque a una asamblea urgente para enfrentar entre todxs y de forma contundente este nuevo atropello de la gestión.

Parar es nuestro derecho. El paro de mujeres, lesbianas, trans, travestis es nuestra herramienta de lucha que compartimos con miles en las calles.

No nos van a callar, no nos van a disciplinar.

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