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Editorial El Roble N° 124 de Julio: “En tiempos de aguinaldo, nos hablan de “propinas”: contra el ajuste ¡a las calles!”

Nuevo pico devaluatorio. Malabares del gobierno para evitar nuevas corridas cambiarias. Suben las tasas de interés para inversiones en pesos como forma de contrarrestar la suba del dólar. Acuerdos de Entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Y Más del 48% de los niños y niñas del país por debajo de la línea de la pobreza.
Cae el consumo de combustibles y las ventas de 0 km bajaron estrepitosamente. Datos optimistas ya hablan de un 30% de inflación anual.
Para la vicepresidenta Michetti una mujer violada debe “bancarse” los 9 meses de embarazo. Y para la diputada oficialista Carrió la crisis exige “más propinas”.
Dan luz verde para la fusión de Clarín y Telecom. Y la agencia Télam despide a 357 periodistas con la excusa de que “son ñoquis” y “militantes partidarios”.
Los docentes de chubut en lucha desde hace un mes, fueron reprimidos. En la provincia, Vidal sigue sin reabrir la mesa paritaria y, al cierre de esta edición, muchísimos docentes no han cobrado su aguinaldo.
Al parecer, no hay ajuste, ni tarifazo que logre apagar el incendio al gobierno. La crisis política también se expresa en los cambios de varios de sus ministros. Puro humo: cambiar nombres para no cambiar nada. El timón sigue firme con el único destino de bajar los costos de producción que garanticen tasas de ganancias sustanciosas para los empresarios. La sola idea de echar mano una mínima suba de las retenciones a los productos de exportación, hizo poner el grito en el cielo a los capitalistas agrarios (ya sumamente favorecidos no solo por la baja de retenciones, sino por la disparada del dólar). Por supuesto, Macri retrocedió en chancletas. E insiste junto al ministro Triaca en hacer pasar la reforma laboral. Tal vez la corta aventura mundialista haga que no pase tan desapercibida la jugada, pero de cualquier modo los planes siguen siendo que los platos rotos los pague el pueblo trabajador.
Por supuesto que no hay acción sin reacción. La bronca y rechazo que generan estas políticas forzaron a la CGT a convocar al paro general el 25 de junio. Altísima adhesión a la medida. Hasta los carneros como Cavalieri de comercio o Fernández de la UTA tuvieron que sumarse. Un parazo… dominguero. Ni el triunvirato ni los Moyano -ahora devenidos en “luchadores”- pasando por las CTA, llamaron a movilizar ni ninguna otra medida de lucha. Es que nadie quiere sacar los pies del plato de la gobernabilidad, ni agitar la movilización que con los ánimos tan caldeados se chocan de lleno con los recuerdos del último 18 de diciembre. Sólo los sectores de la izquierda y el clasismo con piquetes en los principales accesos marcaron una pequeña pero clara delimitación política.
El Encuentro del Sindicalismo Combativo el 23 fue un hecho auspicioso en esta necesidad imperiosa de la unidad. Más allá de una nutrida participación de muchos sectores antiburocráticos, nuevamente estuvo marcado por la disputa al interior del FIT y la discusión por las consignas pesaron más para una de las corrientes que se pegó el faltazo. De todos modos, de haber continuidad en estos encuentros regionales que permitan realizar campañas unitarias y discutir un programa que nos unifique, podríamos convocar a todos los rincones del movimiento obrero, lo que sería un salto adelante.
Pero la nota realmente distintiva la dió -nuevamente- el movimiento de mujeres, que con una impresionante movilización y un debate de semanas, logró poner a los sectores más conservadores de la sociedad contra las cuerdas y le arrancó al Congreso la media sanción a favor del aborto legal. Ahora el enorme desafío será redoblar la presencia en las calles para el 8 de agosto, cuando sea el turno del tratamiento en senadores.
Así como el movimiento de mujeres realizó pañuelazos, asambleas y encuentros regionales, movilizaciones, vigilias, y logró unificar muchas acciones a nivel internacional, necesitamos como clase recuperar estos métodos, para seguir dando todas las batallas, para no dejar que nos pasen por encima y proponer otra forma de organización social, sin oprimidos ni explotados.

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Equipo de El Roble.

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Editorial El Roble N° 123 – Junio: ¡Fuera el FMI! Impongamos nuestra organización frente al saqueo del Gobierno

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El panorama del mayo estuvo marcado por la disparada del dólar, lo que suma un componente más al ajuste del gobierno. Los tarifazos y el aumento en las góndolas golpean de lleno nuestro bolsillo. La volatilidad de la economía no da indicio a que la inflación se vaya a calmar en lo inmediato. La tregua de Aranguren con los empresarios petroleros es sumamente débil y es cuestión de días para que vuelva a aumentar el combustible.

En este contexto, la bronca y el descontento crece: el sueldo no alcanza, el precio de los alimentos sube, igual que el transporte aunque viajemos cada vez peor. Se siente ese malestar, pero no logramos unificar ese hartazgo. Aún son reacciones dispersas.

Sin embargo, la unidad por otros temas sí aparece. Es una foto frecuente el pañuelo verde y miles de mujeres en la plaza de Congreso. El 13 de junio será la votación de la ley por el aborto legal en Diputados. De no aprobarse, seguramente asistiremos a grandes movilizaciones en repudio. El movimiento de mujeres está a la vanguardia en esta situación, tanto a nivel organizativo como a nivel definiciones políticas.

El 25 de mayo sectores del peronismo y las CTA convocaron a movilizarse bajo la consigna “La patria está en peligro” y en rechazo al FMI. Dentro del arco opositor, se sumaron personalidades públicas con un llamado por las redes. También estuvieron presentes organizaciones sociales, políticas y sindicales. La convocatoria fue masiva a pesar de la dirigencia burócrata que convocó. Estos tipos que se llenaron la boca contra el gobierno pero que fueron incapaces de impulsar la huelga general que imponga la defensa de nuestros salarios y nuestros puestos de trabajo sobre los que avanza el macrismo. Por este motivo buena parte de la izquierda no acompañó la iniciativa. ¿Debería haber ido a una convocatoria que tiene por detrás el rearmado electoral del peronismo? ¿Debería haber ido para llevar una posición que proponga una salida de las y los trabajadores? ¿Cómo discutir con el pueblo movilizado que hoy solo ve una salida dentro del capitalismo, encabezado por los mismos que años anteriores comenzaron el ajuste? Es importante discutir cómo disputar esa dirección, sindical y política, con un programa claro que se oponga a las medidas reaccionarias de este gobierno. Las masas tienen el ímpetu de ganar las calles y lo hacen cada vez que es posible. Es fundamental impulsar la acción directa de masas para imponer nuestras reivindicaciones históricas y acabar con el saqueo del gobierno. Estos son debates importantes para tener con las y los compañeros en la base, no solo para afinar la política sino para entender mejor las limitaciones y potencialidades que plantea cada sector. Pero sobre todo, porque es fundamental que los sectores clasistas, democráticos y combativos disputen la dirección de miles y miles que quieren luchar y enfrentar el ajuste.

Un día antes, el jueves 24 en el SUTNA hubo un encuentro donde participaron importantes representantes gremiales (ferroviarios/as, subte, docentes, ceramistas de Neuquén, entre otros) con la perspectiva de un plenario obrero para este mes. Aunque la iniciativa es correcta, no logra ser una opción de dirección alternativa para las y los trabajadores que hoy están en conflicto o peleando por sus derechos. Es necesario acercarse a las zonas fabriles donde haya procesos de organización por fuera de la burocracia, para dar una perspectiva que los potencie. Y así construir un congreso obrero que discuta un plan de lucha pero acompañado por amplios sectores de la clase.

Los sectores clasistas sostenemos que la única salida es una opción desde abajo, con asambleas y mucha con paciencia, pues no hay soluciones mágicas. Es hora de abandonar diferencias menores y construir un polo que aglutine a los sectores en lucha y que están peleando por sus puestos de trabajo, por salario y reapertura de paritarias, etc.

Mientras este tipo de iniciativas no cobren vuelo, las y los trabajadores seguiremos fragmentados e impotentes para enfrentar el ajuste. Un sector mayoritario seguirá esperando que desde el PJ o el kirchnerismo surja una alternativa, pero más pensando en las elecciones que en la lucha concreta.

En este marco, el subte se encuentra enfrentando el ataque de la empresa Metrovías y el gobierno de Larreta contra la organización gremial -que incluye suspensiones y despidos de activistas del sindicato AGTSyP-. Quieren avanzar sobre sus conquistas (las 6 horas, salarios relativamente altos, etc.) porque, pese a todo, el subte es un espacio recuperado con lucha por sus trabajadores/as y los planes de ajuste chocan de lleno contra estas experiencias. Por eso, si pierde el subte es un golpe para toda la clase. Por lo pronto, defender a las y los compañeros y retomar el camino de las y los docentes de Neuquén que con 45 días de huelga lograron romper el techo salarial y el pago de los días de paro (ver nota ATEN) son tareas centrales. Las urgencias salariales se mantienen frente a una inflación que no cede. Y los planes del gobierno nacional y provinciales van en sentido contrario a conceder cualquier cosa. El veto a la “ley antitarifazo” es una mensaje claro de esto. Por eso la situación irremediablemente se va a agudizar. Las y los trabajadores debemos intervenir en la vida política del país con posiciones propias y sin esperar tutelas de nadie ni a “votar bien”. Lo diremos hasta el cansancio: debemos confiar en nuestras fuerzas, retomar nuestros métodos de asamblea y acción directa para defender de nuestras condiciones de vida.

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Equipo de El Roble.

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Paritarias y aprietes

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La ronda paritaria 2018 comenzó anticipadamente. El macrismo la apuró al calor de las protestas contra las reformas, el creciente desgaste de la deriva económica y los escándalos que rodean a Jorge Triaca.

Una cantidad importante de dirigentes gremiales firmaron acuerdos salariales que, al menos en lo propagandístico, se encuadraron en el techo paritario del 15%. Esta cifra es la “meta” de “inflación futura” determinada por el gobierno. En verdad, buena parte de estos acuerdos fueron acompañados por anexos que terminan definiendo un aumento superior.

Esto se resolvió mediante la firma de un acta donde figura el numerito que quiere el macrismo. Aparte, se suman otras actas donde figuran recomposiciones o adicionales que mejoran el resultado salarial, pero que ni el Ministerio ni los dirigentes muestran a la prensa, para sostener el marketing del 15%.

En esta ronda también se generalizó la inclusión de cláusulas “de revisión”. Se trata de una modalidad que había sido reemplazada por las cláusulas gatillo, en parte por sus frecuentes incumplimientos, y que ahora retorna por iniciativa del Ministerio.

El club del 15%

El puntapié lo dió el sindicato regional de aceiteros de San Lorenzo (desafiliado de la Federación desde hace dos décadas), firmando al finalizar enero una paritaria engañosa del 15% (con sueldo complementario y un 5% adicional en tres meses). Como la movida pasó desapercibida, Triaca viajó a San Lorenzo y “re-firmaron” con el secretario general Pablo Reguera el mismo acuerdo para brindarle una foto a la prensa oficialista.

Al ejemplo de Reguera lo siguieron otros gremios pequeños y muy burocratizados, como tintoreros, remiseros (cuyo titular, Alejandro Poli, tiene una causa por falsificación de afiliaciones), y el de la pintura, cuyo secretario general, Pedro Zambeletti, está abrochado al sillón hace 44 años. Todos con un 15% en dos cuotas.

Luego empezaron a desfilar los dirigentes de sindicatos mayoritarios. José Luis Lingeri de Obras Sanitarias firmó en febrero el 15% sin gatillo.

Días después, Roberto Fernández firmó para la UTA un 15% en tres cuotas, aunque el acuerdo sumó un bono no remunerativo adicional equivalente a un 3,6.

En los primeros días de marzo Armando Cavalieri acordó para el millón de trabajadores de Comercio un aumento del 10% a partir de abril y 5% en agosto.

Hacia fines de marzo, Gerardo Martínez firmó para la construcción un 15% en dos tramos, aunque a diferencia de los anteriores son acumulativos, lo que termina dando 16,5.

Los que no quieren firmar bajo el techo

En el sector privado, bancarios, camioneros y aceiteros son tres de los sectores que más fuertemente se oponen al tope. Pablo Moyano anunció que van por un 23 por ciento, luego de conseguir en marzo el bono pendiente de fin de año.

La paritaria bancaria está vencida hace tres meses. La negociación comenzó con provocaciones de la patronal, que arrancó ofreciendo un 9% -se trata del sector que más ganó en la economía argentina- y del Ministerio, que le derogó un aporte solidario. En la negociación Palazzo se demostró dispuesto a resignar puntos porcentuales pero no la cláusula gatillo, entre otros puntos. El gremio concretó cuatro paros en lo que va del año.

La Federación aceitera reivindica el concepto del salario mínimo vital y móvil según su definición legal, según el cual el mismo tiene que garantizar una vida digna para quien trabaja y su familia. Según sus cálculos, lo mínimo que debería ganar cualquier trabajador argentino al 1° de enero de 2018 es de $30.560. Esto es para la categoría más baja.

De acuerdo a la escala salarial vigente de los aceiteros, ese aumento consistiría en un 22%. Pero como ellos dicen, no es una cuestión de porcentajes, porque el porcentaje de inflación correctamente aplicado a un sueldo de miseria, da como resultado un sueldo de miseria. El eje debe ser cuánto se debe ganar para vivir dignamente.

Los primeros días de abril mostraron importantes protestas en distintos puntos del país de los estatale. En provincia de Buenos Aires docentes, estatales, judiciales y de la salud movilizaron a La Plata en rechazo al 15% de Vidal. En Santa Fe, veinte mil docentes, estatales y de la salud repudiaron el cierre por decreto de la paritaria al 16% por parte del gobernador Lifschitz. En la ciudad de Buenos Aires docentes, estatales, movimientos sociales, metrodelegados y camioneros hicieron una gran protesta contra el 15% de Larreta. En Jujuy el gobierno de Morales reprimió salvajemente una movilización que protestaba contra el aumento del 5% sin paritarias para los docentes.

El apriete metódico

La hilera de firmantes del 15% no es un rayo en cielo sereno. Por una parte, muchos de estos sindicalistas han sabido demostrar que son oficialistas de todos los oficialismos. Por la otra, es determinante el accionar de un gobierno que en todo momento ha desplegado una hostilidad manifiesta contra la organización colectiva y los derechos de los trabajadores.

Una de sus formas más claras es el intervencionismo de la actual gestión.

El SOMU es el caso más conocido. Intervenido en febrero de 2016, estalló mediáticamente el último enero cuando la ex casera de Triaca, Sandra Heredia, denunció que cobraba parte de sus ingresos de la caja del gremio. Era sólo un detalle: doscientos punteros PRO pasaron a cobrar de igual manera, bajo la dirección de la actual senadora Gladys González que así se pagó su campaña.

Lo central no es esto, sino el efecto aleccionador para el resto del sindicalismo de la detención de su titular Omar “Caballo” Suárez y consecuente intervención.

Luego siguieron la UPSRA, de vigiladores privados, la FEIA de azucareros tucumanos cuya intervención fue revertida judicialmente, los judiciales de Mendoza, el allanamiento a Canillitas por Canicoba Corral (mismo juez que accionó con el SOMU, donde su cuñado quedó como interventor de la obra social), los ferroviarios de APDFA y el SOEME tras la detención de Balcedo.  

Los fallos judiciales en contra de los intereses del Ministerio por parte de la cartera laboral desataron la reacción furibunda del gobierno, entre los que se cuentan los pedidos de juicio político de cinco jueces laborales por el contenido de sus sentencias y los ataques a los abogados laboralistas. En esto jugó también la convergencia de intereses con las empresas de ART, que desembocaron en la nefasta ley de riesgos de trabajo. También de maneras más sutiles, el Ministerio despliega su política de disciplinamiento. Un buen ejemplo es el de las negociaciones colectivas.

El periodista Jorge Duarte señala que en 2017 cayeron de forma brusca las homologaciones del Ministerio, alcanzando sólo los 1088 casos, contra los 2 mil promedio entre 2010 y 2016.

Duarte marca que desde la gestión se establecieron mecanismos selectivos de no homologación de acuerdos para disciplinar organizaciones gremiales díscolas (caso denunciado por aceiteros por ejemplo); se congelaron negociaciones salariales; se obstaculizaron los acuerdos a los gremios pequeños que compiten con los Gordos; y se deslindó responsabilidades en lo referente a los acuerdos por empresa.

Por el lado de la zanahoria, en cambio, se puede mencionar el reparto a fines de febrero de mil millones de pesos “en concepto de capacitación” de Triaca a sólo diez gremios, entre los cuales no había ningún opositor. Los beneficiados fueron  Caló (UOM), Pignanelli (Smata), Barrionuevo (Gastronómicos), Martínez (Uocra), West Ocampo (Sanidad), Moser (Luz y Fuerza), Ayala (Uatre), Fernández (Uta), Hlebowicz (Pasteleros) y Cavalieri (Comercio).

Claúsulas y caídas

Decíamos en el Roble de marzo que con Macri el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió una caída brusca. Según datos relevados por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, el salario mínimo cayó 6,1%, en la Argentina entre 2015 a 2017, el país de Sudamérica donde más se deterioró. Éste es uno de los objetivos principales del gobierno: bajar “el costo argentino”. Las cláusulas gatillo o de revisión están vinculadas a esta política.  

El propósito es garantizar la pérdida del poder adquisitivo que se producirá en 2018 en los acuerdos sellados en 15%, cuando la inflación estimada por las consultoras que releva el Banco Central alcanza al 20,4% según los resultados de marzo. Por eso el Ministerio impulsa nuevamente las cláusulas de “revisión” ya que por la vaguedad de su formulación han demostrado repetidamente su fracaso a la hora de garantizar la recomposición salarial.

El sueño patronal de la tierra arrasada

Lo que nos gustaría dejar claro es que estos aprietes no son sólo una táctica para obtener un objetivo puntual, como ser implementar el techo paritario o introducir reformas flexibilizadoras. Son parte de una estrategia de largo plazo que tiene como objetivo último la aniquilación de la organización gremial y de los derechos colectivos, de la forma más completa y efectiva que le resulte posible alcanzar al gobierno.

El techo paritario del 15% en estos primeros meses del 2018 son una etapa en este proceso que el macrismo espera poder desarrollar de forma más acabada en un hipotético segundo mandato.  

 

Por Indymedia Trabajadoras/es para El Roble.

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Despidos en el programa Conectar Igualdad

Desconectar igualdad

El  31 de marzo pasado, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, dejó sin trabajo a los 80 administradores de red que se encargaban de sostener el programa Conectar Igualdad en las escuelas técnicas porteñas. Ya desde la asunción de Macri en diciembre de 2015, el programa se había desmantelado a nivel nacional, dejando a cada distrito a cargo de su sostenimiento. Sin embargo, en CABA, fue la lucha de los trabajadores del Conectar Igualdad (a través de UTE) la que ha logrado mantener los puestos de trabajo desde ese entonces, y aún hoy sigue dando pelea.

Las computadoras portátiles escolares (netbooks) entregadas desde 2012, cuentan con un sistema de seguridad que implica que el equipo deba volver a la institución educativa cada cierta periodicidad a fin de mantener una relación con el ámbito pedagógico, y en caso de que se supere ese período, la netbook se bloquea. Si bien para mucha gente poco interiorizada en el tema, los Administradores de Red se ven como “el pibe que desbloquea las netbooks”, las tareas de implementación tecnológica y administrativa van más allá del simple desbloqueo (que dicho sea de paso, no debería ocurrir si el equipo vuelve al colegio cada menos de un mes).  Los Administradores de Red mantienen el piso tecnológico implementado en la escuela frente al deterioro natural (cambio de fichas, cables, Switches), así como también se encargan de la extensión del cableado a un aula a la que todavía no llegaba la red o de la implementación de más Access Point (con la correspondiente configuración de cada uno). También es una tarea de los Administradores de Red el mantenimiento y administración del Servidor escolar, el enlace de cada netbook con el Servidor, además de realizar todas las tareas administrativas que como contrapartida implica la implementación de un programa de tal magnitud: registro de equipos, transferencias entre colegios, pedidos de garantía  y servicio técnico.

Sin embargo, toda esta labor, es algo que al Gobierno de Macri y Larreta no le importa. Para ellos la implementación de un plan de tecnología educativa en los colegios, no es más que una repartición de electrodomésticos financiados con la caja del Estado, en complicidad con empresarios amigos (CONADIR, en este caso). Hasta el año 2016, las netbooks entregadas se ensamblaban en Tierra del Fuego, pero llegado el PRO al gobierno, se cerraron todas las fábricas de aquella provincia, dejando a 2000 familias en la calle. Al día de hoy, no solamente no pretenden ensamblar componentes importados, si no que importan directamente la netbook terminada, transformando así al plan en un negociado aduanero.  Además de ello, en los colegios se dificulta la implementación de soluciones tecnológicas, dado que es imposible resolver con un 0800 todas las cuestiones que in situ resolvían los Administradores de red. Tal es así que al día de hoy el ministerio de educación de la CABA piensa resolver el trabajo que hacían 80 personas, recontratando a 10 trabajadores precarizados que pasarán una vez por semana por los colegios “a ver si necesitan algo”.

Nuestro despido, lamentablemente, se embarca en toda la serie de medidas antipopulares que ha profundizado el gobierno desde los resultados positivos que obtuvieron en las elecciones legislativas de 2017. Los trabajadores somos conscientes de ello, pero sin embargo también somos conscientes que el único camino para pelear contra estas políticas es la unidad, la lucha, y el cuerpo en la calle.

Por Fabián, delegado y trabajador despedido del Programa.

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