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Editorial de EL Roble -Julio 2020.Edición especial por cuarentena: “Siempre la clase trabajadora es la más expuesta, y con la pandemia también”

Por tercer mes consecutivo nuestro periódico se adapta al aislamiento y nos preparamos para un nuevo número que saldrá en forma digital. Nuestra normalidad como medio de comunicación alternativo se ve alterada al igual que la de millones de obreros y obreras en todo el mundo. Un enorme esfuerzo en pos de evitar contagios y la circulación del virus, aplicando la cuarentena, una antigua medida sanitaria que muchos siglos después, en pleno siglo XXI continúa siendo la más efectiva para cuidar la salud y la vida.

En este marco de crisis se impuso un gran debate: la necesidad (empresarial, claro) de no extender el parate de la producción económica. Por este motivo, con una rapidez que no se expresó en otras áreas, aunque sí para convalidar acuerdos para rebajar salarios o habilitar el pago en cuotas de aguinaldos, los gobiernos nacional y provinciales fueron exceptuando la cuarentena para distintos rubros de la producción. En plena llegada del invierno, cuando se espera el pico de casos, cuando la circulación del virus autóctono crece día a día, las zonas industriales fueron retomando la actividad habitual y en ellas -y particularmente en el tránsito hacia y desde ellas- miles de trabajadores y trabajadoras exponiéndose al contagio.

El debate “salud o economía” que baja desde círculos empresarios y medios hegemónicos se demuestra falso a nivel global y también en nuestra realidad nacional. Aunque con matices que no se verifican en otros puntos del mundo, también aquí se privilegian las ganancias de los patrones, que amenazan “sino tendremos que cerrar los portones para siempre” de la misma forma que lo han hecho siempre. Desde el primer momento se exceptuaron actividades de dudosa esencialidad, y ese listado no dejó de aumentar con nuevos rubros semana tras semana. La lógica consecuencia es la acumulación de noticias de distintos lugares de laburo donde se confirmaron contagios. Los supermercados en primer lugar, con patronales con prácticas de ocultamiento y absoluta negligencia como la de Coto, las fábricas de neumáticos Fate y Firestone, la química Linde (ex Praxair), la textil RA, la metalúrgica Metalsa, la automotriz Volkswagen, Coca Cola, el ferrocarril Sarmiento y decenas de líneas de colectivos, por mencionar sólo algunas. Esta situación verifica que la gestión que se hace de la enfermedad es netamente desde un punto de vista capitalista, más allá del discurso sanitarista de Alberto Fernández y mucho más allá de los rancios que hablan de “infectocracria”. Mientras grandes medios ponen la mirada en otros aspectos, como quienes salen a correr o andan por la calle sin barbijo, poco se dice sobre esta otra situación.

Entre marzo y junio los recursos del Estado para enfrentar la pandemia se han destinado en su mayor parte a subsidiar empresas, ya sea eximiendo de impuestos, aportando para el pago de salarios o financiando pymes, unos 181 mil millones de pesos. Como contrapartida, apenas 80.000 millones fueron ejecutados para el IFE y reforzando el sistema de salud $11.000 millones. Y más allá de los anuncios, no se verifica avance en el impuesto a las grandes fortunas y ante estafas gigantescas como es el caso Vicentin el discurso oficial zigzaguea entre expropiación, intervención y mero “rescate”.

Este cuadro de situación sumado a que el mayor número de contagios se está dando en las barriadas populares de capital y el conurbano, postergados desde hace décadas en cuestiones habitacionales y sanitarias, indican que una vez más la crisis la estamos pagando las y los trabajadores. Enfermándonos, quedándonos sin trabajo o en exposición ante la más inmediata necesidad de generar ingresos, dejando la vida por el virus o por las condiciones laborales.

Pero aún cuando el panorama es negativo, debemos mirar qué pasa en los lugares donde existe organización gremial y fuerza obrera. En Fate por ejemplo han logrado no solo que no haya descuentos salariales, sino que pudieron discutir el protocolo sanitario y han ido al paro total para asegurar su aplicación cuando surgieron los primeros casos positivos. En el tren Sarmiento rápidamente lograron aislar sectores con casos sospechosos evitando exponer a más compañeras y compañeros. Los comités mixtos de salud y seguridad laboral de las fábricas aceiteras han implementado protocolos superadores a los bajados por el Estado y hasta ahora no han reportado contagios. En los barrios, son las organizaciones sociales las que no sólo garantizan el plato de comida de miles de personas, sino las que promoviendo cuidados preventivos en las comunidades evitan que los casos no se multipliquen exponencialmente. Señalamos esto -y por lo mismo decidimos no dejar de contar las luchas, aún cuando no podamos salir en papel- porque desde El Roble creemos y confiamos en que la salida a esta y a todas las crisis a las que nos somete el capitalismo es la lucha, es la organización en todos los niveles y la más profunda solidaridad de clase. Desde ahí es que podremos forjar la fuerza suficiente para conseguir nuestras reivindicaciones, expropiar a los expropiadores y que la crisis la paguen las patronales, los ricos y poderosos, los burgueses, los que siempre se benefician ante la miseria y el dolor de las grandes mayorías.

Equipo de El Roble.

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Pese a la movilización, se aprueba en Entre Ríos la Ley del ajuste

El pasado miércoles 1° de julio, en el marco de importantes movilizaciones de docentes, estatales, municipales, judiciales, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda a la Casa de Gobierno, se aprobó la ley propuesta por el gobernador Gustavo Bordet (PJ). En ella se plantea la emergencia económica provincial, habilitando a subas impositivas, de aportes previsionales y techo paritario.

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En el marco de la crisis social y sanitaria, el gobierno de Entre Ríos, logró la suficiente cantidad de votos para aprobar esta ley que busca dar respiro a las arcas provinciales y generar ingresos (de los bolsillos trabajadores activos y pasivos). Es bajo el eufemismo de “solidaridad” que desde el oficialismo se buscó darle legitimidad a esta propuesta, en sintonía con el gobierno nacional que recién asumido había utilizado el mismo término para maquillar una devaluación de la moneda. Sin embargo los gremios docentes, Ate y judiciales venían denunciando este planteo por tratarse de un ajuste (no tan) encubierto. La magnitud del ajuste llevó a las conducciones sindicales que venían sosteniendo a este gobierno a salir a la calle, junto a sectores antiburocráticos y clasistas que, si bien expresan posiciones muy minoritarias por ahora, ya venían sosteniendo una agenda de lucha con independiencia de las conducciones y dirigencias burocráticas.

Como viene ocurriendo en otras regiones del país, la forma de gestionar la crisis por parte de los gobiernos provinciales -oficialistas y opositores al gobierno nacional- es vía ajuste. La crisis sanitaria desatada con la pandemia de coronavirus no hace más que darle mayor profundidad a una crisis económica que es preexistente. Pero también, como ocurre con el gobernador Bordet, se utiliza como aliciente para decir “hace falta que todos pongamos el hombro”. Ese “poner el hombro” para el pueblo trabajador se transforma en un ataque al salario y en ver empeoradas las condiciones de trabajo, dicho sin eufemismos, en ajuste. Por supuesto que nada se dice sobre avanzar en impuestos a las grandes fortunas ni tocar las enormes ganancias que obtiene el sector agroexportador. En las malas, el hombro tendrían que ponerlo todos pese a tener espaldas con gran diferencia de talla; en las buenas, las ganancias quedan en las mismas pocas manos de siempre.

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Consultado por El Roble, Alejo Mayor -docente de escuela media que participó de las movilizaciones- nos decía “pese al golpe recibido en el día de hoy, los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores tenemos que seguir coordinado los reclamos. Se han tomado medidas de fuerza “virtuales” que no son suficientes. En la medida de lo posible, manteniendo el distanciamiento social y con las medidas adecuadas, hay que estar en la calle porque es la forma de hacernos sentir. La bronca no desaparece, al contrario. Hay que seguir apostando a la movilización y a la lucha para defender lo nuestro y enfrentar lo que se viene. Hoy no termina nada, la pelea sigue, recién está comenzando”.

Por Facundo Anarres.

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Pandemia y ajuste: en Tigre llaman a movilizarse contra los despidos

En el día de hoy la Cicop (sindicato de médicos y médicas provincial) hizo público un comunicado en el que denuncia despidos por parte del intendente de Tigre, Julio Zamora. Entre los despidos se encuentra personal precarizado de distintas áreas estatales, dentro de las cuales se encuentra el servicios sanitarios y de asistencia social a familias y por violencia de género, escenciales en este contexto de pandemia. Llaman a concentrarse mañana lunes a las 10 horas al Palacio municipal, Cazón 1514, dónde se realizará una radio abierta y una asamblea. Difundimos comunicado.

ANTE UN EJECUTIVO MUNICIPAL MACHISTA Y VULNERADOR QUE DESPIDE Y RECORTA SUELDOS EN MEDIO DE UNA PANDEMIA, DESDE CICOP TIGRE CONVOCAMOS  A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LA ZONA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LA COMUNIDAD DE TIGRE A ACOMPAÑAR EL RECLAMO POR LA REINCORPORACIÓN DE LAS 14 COMPAÑERAS Y LA RENOVACIÓN DE LOS 35 CONTRATOS MUNICIPALES SUSPENDIDOS LXS ESPERAMOS“`

El sábado 2 de mayo, el intendente Julio Zamora, despidió a 14 trabajadoras en condición de monotributistas de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento Familiar y de la Dirección General de Políticas de Género y Violencia Familiar del Municipio de Tigre, dejando a otras dos trabajadoras más con una reducción salarial a partir del próximo mes. Al momento aún otrxs 21 trabajadorxs monotributistas se encuentran en total incertidumbre respecto a su continuidad laboral, ya que todos los contratos  finalizaron en el mes de abril.
Estas medidas afectan directamente a las comunidades que acuden a estos servicios ya que se recorta la atención de 10.500 niñxs y adolescentxs en situación de vulneración de derechos y a 17.500 mujeres en situación de violencia de género del partido de Tigre.

La notificación del despido y de la reducción salarial llegó a través de un llamado telefónico realizado por personal municipal ajeno a la Dirección. Estos despidos se dan sin notificación formal y sin justificación alguna.

Denunciamos a las autoridades a cargo de estas áreas: Secretaria Cecilia Ferreyra, Subsecretaria Natalia Reynoso, Directora de Fortalecimiento Familiar Graciela Basso, Directora del Servicio Local Nadia Olivieri, Directora de Políticas de Género y Violencia Familiar Aldana Aguirre, por ser cómplices y responsables de los despidos de las áreas para las cuales asumieron un cargo político de gestión. Las mismas permanecieron en silencio ante la decisión o dieron respuestas en donde se desentienden de sus responsabilidades como funcionarias, y hasta el momento  no se comunicaron para explicitar cómo se va a sostener el trabajo ante una reducción de personal de tal magnitud (20%).

El 50% de lxs trabajadorxs de las Direcciones de Políticas de Género y Políticas de Infancia cuenta con un contrato precarizado en condiciones de monotributo, si bien el mismo suele renovarse anualmente en diciembre, con posterioridad a que ambas Direcciones sostuvieran un paro de 8 días en reclamo de mejores condiciones de trabajo durante el mes de noviembre de 2019, la renovación comenzó a hacerse trimestral hasta el mes de abril de este año. Estos despidos se leen como una represalia de aquella movilización y organización de trabajadorxs ya que no se registraron despidos en otras áreas de la secretaría.

No está de más aclarar que dicha forma de contratación constituye una relación laboral de dependencia encubierta por parte del municipio ya que las profesionales facturaron por sus servicios prestados durante años. Denunciamos que esta modalidad precariza y genera una enorme inestabilidad laboral corroborada hoy con estos despidos.

En el contexto de crisis sanitaria, económica y política que sufre nuestro país, agudizada por la pandemia de COVID-19, el Municipio no solo realiza descuentos masivos y muy significativos en los sueldos, elimina el pago de horas extras y reduce horas en los contratos de sus empleadxs, también DESPIDE TRABAJADORXS DE SERVICIOS DECLARADOS COMO ESENCIALES. Cualquier despido en este contexto es repudiable, pero despedir 14 Mujeres Trabajadoras, muchas de ellas cabeza  y sosten de familia, cuya tarea esencial en este contexto sanitario es el cuidado, la atención y la contención de Ninxs Adolescentes y Mujeres, es un acto más de Violencia de Género institucional por parte del Estado. Son mujeres cuya tarea se encuentra destinada al cuidado de otrxs, son mujeres precarizadas, que terminan siendo mujeres despedidas.
Manifestamos que dicha decisión va en detrimento del DNU 329/2020 del poder ejecutivo nacional que prohíbe los despidos en cualquier área. Desde CICOP tigre repudiamos las medidas adoptadas y hacemos responsable directo al intendente Julio Zamora.

Repudiamos  que la salida a esta crisis la paguen lxs trabajadorxs y la comunidad de tigre.

¡Reincorporación ya de las compañeras!

¡Renovación de todxs los contratxs y decretos sobre contrataciones laborales vencidos en abril!

¡No a las contrataciones mensualizadas!

¡Pase a planta permanente de todxs lxs trabajadorxs municipales!

¡No al vaciamiento de las áreas de Salud, Género e Infancia!

Trabajadorxs en lucha – CICOP Seccional Municipal Tigre

Contactos de prensa y apoyos: fcbk: Cicop Tigre// mail tigre@cicop.com.ar
Daniela 1168911512 Yanina 1138463809 Lucía 1122984764

Contactos Cicop Tigre: Mariana 1141600261 // Gabriela 1165955014 // Ana 1166694871

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Jubilaciones: el arte de repartir la miseria

A pocos días de asumir, el gobierno de Alberto Fernández anunció que suspendería la fórmula de movilidad jubilatoria que en 2017 había sancionado la gestión de Mauricio Macri. A mediados de febrero, se conocieron los aumentos decretados por el nuevo poder ejecutivo, que vendrán a reemplazar lo pautado por la fórmula anterior. Y, como no podía ser de otra manera, el nuevo gobierno comenzó su gestión aplicando un ajuste sobre la clase trabajadora pasiva.

El aumento implementado por el nuevo presidente brinda a los jubilados y pensionados que perciben hasta 16.500$ (poco más del 60% del total) un incremento levemente mayor al que recibirían con la fórmula macrista (que asciende hasta 1,4%). Frente a esto, todos los jubilados y pensionados que cobran más de 16.500$ (casi un 40% del total), recibirán un aumento menor al que hubieran recibido con la fórmula anterior.

En términos técnicos, según estimaciones realizadas, con estas medidas, el Estado estaría dejando de pagar entre 70.000 y 100.000 millones de pesos a los jubilados solamente en el 2020.

En términos concretos, esto representa un claro robo a los abuelos. Ahora bien, nadie que se diga bienintencionado estaría en contra de aumentar las jubilaciones de menor monto, por lo cual, ante esa medida, no habría objeciones. No obstante, cualquiera que tenga una mínima estima por los adultos mayores, estaría en contra que dicho aumento sea financiado por aquellos jubilados y pensionados que cobran más de 16.500$. Y este punto se ensombrece aún más cuando se observa que los verdaderos ganadores del macrismo no solo no resignan nada, sino que reciben beneficios impositivos, créditos subsidiados, y quitas en sus deudas con el fisco. Es decir, en tanto que los que ganaron siguen ganando, los que perdieron siguen “poniendo el hombro”.

En esta medida se desnuda de cuerpo completo la estrategia general que está llevando adelante el kirchnerismo: en tanto que privilegia la rentabilidad empresarial, hace una redistribución de ingresos dentro de la misma clase trabajadora. En otras palabras, reparte la miseria entre los laburantes, dejando las ganancias bien resguardadas. Todo esto enmarcado en un discurso “popular”, que a la vez que habla de “redistribución progresiva” del ingreso, pinta como privilegiados a los jubilados que ganan 20.000$ (si, 20.000$) o a los laburantes que a fin de mes les sobra un mango y quieren ahorrar en una moneda que no  pierda valor (por ejemplo el dólar).

Ante esta realidad, tenemos que tener paciencia, porque muchos compañeros todavía depositan enormes esperanzas en el actual gobierno. No obstante, tenemos que dar el debate siempre y en cada lugar de trabajo, pensando una organización desde las bases, con independencia política de la burguesía, que pueda avanzar en las reivindicaciones más inmediatas, pero que también se plantee un horizonte revolucionario.

Por Cristian.

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