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Docentes: ¡Gran victoria del FURS en Mendoza!

En Mendoza, las últimas elecciones sindicales docentes dieron ganadora a la lista del FURS (Frente de Unidad de Recuperación del SUTE), un frente identificado en el clasismo que pasa a conducir el sindicato estatal más importante de la provincia, que tiene un padrón de 30 mil afiliados y un alcance de 60 mil trabajadores y trabajadoras.

sute mendoza

El 15 de junio pasado se concretó un hecho de enorme importancia para los trabajadores/as docentes (pero también para estatales y laburantes en general). La lista de oposición en Mendoza lograba hacerse de la mayoría y acceder a la dirección general del sindicato docente a nivel provincial.

Favoreció a ello, sin dudas, la división existente en la lista oficial, que expresa en realidad la fuerte ligazón y dependencia política de estas listas con las distintas fracciones del PJ. Identificadas con la disputa política, y expresando a la interna esas diferencias, ambas listas corresponden en realidad a un mismo modelo sindical: el del seguidismo y la connivencia.

Pero la principal razón de la victoria del FURS radica en la demostración práctica que la dirección de la seccional Godoy Cruz irradió hacia toda la provincia. Allí, principalmente la lista marrón “Maestra Silvia Nuñez” viene dando un clarísimo ejemplo de independencia política y exhibe un modelo gremial diametralmente opuesto al de las prebendas de la burocracia.

Es el proyecto de la conducción de Godoy Cruz el que hoy se ha convertido en la voluntad general, y que se basa en los siguientes principios:

  1. Las decisiones del sindicato deben responder a la voluntad de las bases. En tal sentido, los mecanismos de decisión deben permitir la expresión real de las bases. Un gremio que no expresa el sentir y que no interpreta a los/as trabajadores que le dan vida, es un cascarón vacío.
    2. El gremio debe ser independiente de todos los gobiernos y partidos. Un sindicato es un organismo que representa a una masa heterogénea de trabajadores/as. En él existen diversas tendencias pero lo que da vida al sindicato son los intereses comunes como trabajadores de una clase y un sector. Todo/a trabajador/a tiene el derecho de suscribir a la organización política de la cual se sienta parte. Lo que garantiza la independencia no es la exclusión de las identidades políticas sino el método de la democracia de bases y la existencia de espacios de toma de decisión  amplios y democráticos para que pueda expresarse la voluntad de la mayoría.
    3. Un gremio con amplia participación, un gremio que recupere prestigio y que convoque a las mayorías. Todo aquello que promueva la fragmentación, división y desorganización es una debilidad para todos/as.
    4. El sindicato debe ser una herramienta de organización y lucha que exceda la pelea por el salario y discuta también las condiciones de trabajo que afectan la estabilidad laboral (y económica), la salud y las condiciones en que los y las estudiantes aprenden, entre muchas otras cuestiones.

Es por todo esto que la victoria en el SUTE es tan importante para la clase toda, y que a la vez que constituye ese aporte, se nutre también de las experiencias de la clase trabajadora.

Los/as trabajadores no somos sólo asalariados; somos sujetos políticos capaces de intervenir en la realidad. La democracia de base, la independencia, una visión amplia e integral de los problemas de las clase y del pueblo, la unidad de todos/as los/as trabajadores. Este es el modelo sindical que el SUTE se propone llevar a cada escuela de Mendoza. Ese es el modelo que se necesita replicar en todos los sectores de nuestra clase.

Corresponsal para El Roble.

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Movilización contra los asesinatos laborales

En el día de hoy los trabajadores de la línea 60, de Inta Castelar, municipales de Avellaneda, entre otros sectores se movilizaron a la SRT para exigir que de respuestas y cumpla en controlar las condiciones a las que las patronales someten a millones de trabajadores en el país. Lejos de controlar, pareciera que el Estado mira para otro lado mietras cientos dejan la vida trabajando. Se sabe que en el último año 449 trabajadores en blanco murieron, se calcula casi el doble si se tiene en cuenta a los que contratados en negro. Fueron a pedir justicia por David Ramallo, Diego Soraire, Richar Arcaraz, Maximiliano Paez y los cientos de compañeros que asesina el capital.

Compartimos algunas intervenciones del acto que cerró la movilización:

Nestor Marcolin, delegado Línea 60

Delegado de los municipales de Avellaneda:

Madre de David Ramallo:

Ariel Godoy, Secretario de Higiene y Seguridad del SUTNA Nacional:

Jose Luis Perea, Delegado general de la Comisión Interna ATE INTA Castelar:

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La industria de la muerte

La industria de la m...

Levantado de Indymedia. Mientras la OIT denuncia que muere un trabajador cada 15 segundos víctima de un accidente en el trabajo, en Argentina se intenta instalar que el problema está en lo que llaman industria del juicio.

Uno de los pilares del Derecho del Trabajo es el principio de indemnidad, según el cual un ser humano debe salir ileso de una relación laboral. Ello supone obligaciones para los empleadores, sobre todo, la de prevenir los accidentes. Si a pesar de ello un trabajador sufre un daño, éste debe ser reparado. La explotación de la fuerza de trabajo encuentra allí uno de sus límites: la salud del trabajador no debe ser afectada.

Si alquila un inmueble, el empleador debe devolverlo en las condiciones en que se lo entregaron, repararlo, o indemnizar al dueño. En esto, el derecho del trabajo se asemeja al derecho de propiedad, pues el trabajador es dueño de su cuerpo. Depende de él para reproducir su vida y la de su familia, y para desarrollarse en otras dimensiones también. A diferencia de un inmueble, un ser humano dañado, por más que sea reparado, no queda igual. Una justa indemnización tampoco resuelve la cuestión, pues una afección en la integridad psicofísica ocasiona daños.

Es por eso que reviste tanta importancia la prevención. Y el Estado debe velar por ella.

Pero el Estado delegó ese deber en las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), cuya finalidad es su rentabilidad: el zorro cuidando el gallinero.

Este sistema rige desde 1995 mediante la Ley 24.557, empujada por los vientos flexibilizadores de los 90, aunque fue declarada inconstitucional reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia. La reforma kirchnerista de 2012 no mejoró las cosas, porque mantuvo el negocio de las ART, e impidió a los trabajadores el reclamo ante la justicia laboral, creada en 1944 justamente para protegerlos. El proyecto de reforma que anuncia el macrismo profundiza esos defectos, consolidando un sistema legal ideado sólo para beneficiar a los empresarios.

Los sindicatos podrían tener un importante rol en la prevención, pero sólo dos provincias han sancionado normas que obligan a instituir comités mixtos de seguridad e higiene en cada empresa, y son pocos los convenios colectivos de trabajo que lograron conseguirlo, claro está, por la férrea oposición de los empresarios (es más barato pagar una ART que invertir en prevención).

Ahora bien, cuando el accidente ocurrió, el daño fue sufrido y la reparación no es la adecuada, los trabajadores deben reclamar ante la Justicia.

Como si fueran pocos los privilegios de las empresas en este tema, hacen escuchar sus quejas, muchas veces repetidas por políticos de distinto signo pero que en esto coinciden, incluyendo al actual Presidente de la Nación, su predecesora, y a Sergio Massa.

El ataque consiste en estigmatizar a los abogados laboralistas comprometidos con los trabajadores y con los derechos constitucionales que los protegen, llamándolos caranchos, o directamente a la Justicia Laboral, acusándola de favorecer siempre a una parte. Se cierra así el círculo del desprecio por la vida del trabajador y de la maximización ilimitada de la rentabilidad.

En el mundo, las muertes causadas por el trabajo dependiente superan las originadas en accidentes de tránsito, guerras, hechos de violencia o Sida: lo que llaman industria del juicio es en verdad la industria de la muerte.

Por Matías Cremonte.

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Nota central ER Nº 98: 24 de Marzo, a 40 años del Golpe genocida. Contra la impunidad de ayer, anteayer y la de hoy.

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Estamos frente a una Jornada especial, que tiene un contenido específico para la clase obrera y los oprimidos. Por eso, luchamos por una política de independencia de clase.

Pero ¿Qué es la independencia de clase en el marco del 24 de Marzo?

Por un lado, total independencia de la burguesía y sus partidos, pues todos fueron cómplices de la dictadura. Por otro, levantar las banderas de la clase obrera, y esto quiere decir:

Total independencia respecto al Gobierno anterior, que nombró a Milani procesado por crímenes en la dictadura, que puso a Berni a meter bala contra los trabajadores en lucha y a infiltrarlos, que puso la Ley Antiterrorista contra las luchas de los oprimidos, que judicializó las protestas, que metió presos a los petroleros de Las Heras y militarizó la zona, que mantuvo la SIDE, desarrolló el proyecto X, apoyó a la burocracia que envía a las patotas contra los trabajadores y hace despedir a los activistas, que no quiso investigar la Masacre del Puente Pueyrredón, que no hizo nada para encontrar a Julio López, que convivió con la policía del “gatillo fácil”, no se abrieron todos los archivos de los servicios y las fuerzas armadas, etc. Un Gobierno que logró cooptar a la mayoría de los organismos de derechos humanos para que acompañaran su política. Aunque tuvo un discurso contra las “corporaciones”, las corporaciones denunciadas y la mayoría de ellas siguieron y siguen dominando el país y no han dejado de ganar dinero a paladas.

Que no tenemos la más mínima confianza en la Justicia de este sistema (capitalista, burgués) que hizo lo imposible para detener los juicios y las investigaciones, sólo una ínfima parte de los represores está enjuiciada y sólo una parte de ellos fue a la cárcel, y han pasado ¡40 años! Los juicios y las condenas son una conquista del movimiento popular, que no hay que permitir que se lo apropie nadie.

Que sólo podrá haber JUSTICIA cuando la clase obrera tome el poder, mediante una revolución social que termine con las bases materiales de la represión de la última dictadura, con la represión bajo la democracia, con las masacres de los puentes, de la Patagonia, de los metalúrgicos, de los quebrachales, etc. Bajo la democracia burguesa pudimos imponer el castigo a algunos genocidas, antes que se sigan muriendo de viejos; se recuperarán más Hijos, pero no habremos saldado todas las cuentas con la clase social que es responsable de todas las matanzas, de toda la represión, y que volverá a repetirlo cuando no pueda contener la radicalización social. Solo la clase obrera, que luchó contra la dictadura desde el principio, puede dirigir la lucha por la transformación de la sociedad sobre otras bases, socialistas.

Que el gobierno Macri encarna el programa de los represores, que es necesario combatirlo sin ceder un milímetro. Es enemigo directo de los trabajadores y todos los oprimidos. Es necesaria la más amplia unidad para enfrentar el ajuste y su política represiva del protocolo anti-piquete. No hay que “dejarlo hacer” o “desear que le vaya bien”, si puede cumplir con sus objetivos es porque nos habrá derrotado y la Nación será más oprimida, más colonia que antes y la situación de las masas será empujada aún más a la barbarie, la miseria, la desocupación.

Marchamos a la Plaza con estas banderas.

Gabriel Frutos y Simon.

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Con la excusa política de la guerrilla, la dictadura avanzó sobre el movimiento obrero, procurando en primer lugar arrasar con los cuerpos de delegados. Más de la mitad de las víctimas fatales de la última Dictadura cívico-militar fueron trabajadores. Sus principales consecuencias fueron desarticular la organización interna de las fábricas y generar las condiciones para intentar establecer un nuevo modelo sindical. Además, a partir de ese momento se verifica un retroceso en el derecho laboral y en los convenios colectivos, que aún no se ha logrado recuperar. Para ejemplificar esto, tomamos los casos de las represiones sistemáticas que tuvieron lugar en dos importantes fábricas:

Mercedes Benz

Mercedes Benz era en la década del ’70 una de las 20 empresas de mayor facturación nacional y tenía como cliente principal al Ejército.

Julio Dalessandro, trabajador y activista sindical en Mercedes Benz en la década del ’70, integra un grupo de trabajadores y delegados que se organizaron para luchar por el Juicio y Castigo. Al igual que otras compañeras y compañeros, denuncia que las empresas multinacionales fueron corresponsables de la organización e instauración del terrorismo de Estado en nuestro país.

Los comandos de organización dentro de las empresas contaban con el Batallón de Inteligencia 601 “disfrazados de directores y jefes de seguridad”, afirma el activista sindical. El Batallón de 601 fue una unidad especial de inteligencia del Ejército Argentino que operó durante esa década y hasta 1985, cuyo rol era recolectar información e infiltrar organizaciones populares, sindicales y de derechos humanos, así como coordinar secuestros y asesinatos.

El plan de persecución y desaparición se ejecutó en las principales industrias como Ford, Acindar, la Mercedes Benz. En esta última fueron desaparecidos 18 trabajadores; 17 obreros y un supervisor.  Todos habían integrado la comisión interna, enfrentada a la dirección de la empresa y a la dirección del sindicato, Smata.

“En Campo de Mayo se reunían el grupo de las empresas multinacionales con el Ejército”, señala Dalessandro. “Ahí estaban la CIA y estaban todos los más rancios y más fuertes del Ejército. El Batallón 601 tenía en todas estas fábricas un elemento que respondía al 601. El 601 respondía a su vez al Instituto Militar y ahí cocinaban todo junto a la Embajada de Estados Unidos. El que era jefe de seguridad de Ford, cuando elimina toda la oposición clasista, vuelve a trabajar a la Embajada de Estados Unidos de nuevo. Es clarito todo eso”.

Molinos Río de la Plata

Ceferino Mataboni es hijo de Rubén Ramón Mataboni, uno de los obreros de la planta de Molinos en Avellaneda que se llevaron los genocidas. Hace muchos años empezó a reconstruir su historia. Junto con la docente Lorena Galeano lograron avanzar en una investigación que culminó en una acción judicial que se encuentra en curso.

En la década del ’70 había una situación de superexplotación dentro de Molinos, perteneciente a Bunge & Born. “En 1970 empieza a ingresar una camada de obreros más rebeldes, algunos de los sectores más combativos, otros pertenecientes a organizaciones políticas partidarias e inclusive de la lucha armada. Ahí empieza a cambiar la relación de fuerza, con más organización de los trabajadores”.

Con el golpe de Estado de 1976 y la instauración del régimen militar se profundizó la persecución. La investigación ha encontrado, hasta el momento, que hubo 26 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos entre trabajadores y familiares, incluyendo a Paula Noemí Albornoz Musaschio, una niña de 6 de meses de edad.

“Es complejo desarmar toda esa gran red de complicidades y responsabilidades”, afirmó Lorena. “De hecho los Bunge & Born son corresponsables, no cómplices. Nos asegura uno de los compañeros que estuvo en el Centro Clandestino de Detención ‘Coordinación Federal’, que iban los empresarios, los gerentes, a los Centros Clandestinos de Detención y lo llevaban al compañero que estaba detenido a ver si este era efectivamente obrero de Molinos, y que le diga que sí o que no, y por cada uno de esos compañeros el empresario le tenía que pagar a los milicos una suma de dinero. Es fuerte eso, es la primera vez que lo escuchamos en este causa”.

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