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Persecución sindical a la organización sindical en Editorial Perfil

Compartimos la carta a los distintos gremios y trabajadores/as de los delegados y delegadas de la Editorial Perfil, que están enfrentan un nuevo caso de persecución gremial.

Sipreba

30 de octubre – 8.00 hs en Av. de los Inmigrantes 1950, Retiro30 de octubre – 8.00 hs en Av. de los Inmigrantes 1950, Retiro.

COMIENZA EL JUICIO A LOS DELEGADOS DE EDITORIAL PERFIL

Estimadas compañeras y compañeros: El Sindicato de Prensa de Buenos Aires quiere informarles que, desde  el  lunes  30  de  octubre  hasta el  miércoles  1  de  noviembre, se desarrollará  un  juicio  oral  contra  seis  trabajadores  de  prensa  de  Editorial Perfil, acusados de atentar contra la libertad de prensa (art. 161 del Código Penal, penado con prisión de uno a seis meses), por un paro de actividades desarrollado  a  fines  de  2013,  frente  al  despido  de  13  compañeros.  Es importante destacar que dichos despidos se produjeron un día de elecciones de  comisión  interna  y  que,  entre  los  despedidos,  se  encontraban compañeros  que  gozaban  de  inmunidad  gremial por  ser  integrantes  de  la junta  electoral  encargada  de  los  comicios,  lo  que  reflejaba  la  intención patronal  de  ir  a  fondo  contra  la  organización  gremial  colectiva  para imponer  los  despidos  y  una  mayor  flexibilización.  Entre  los  acusados  se encuentra el secretario adjunto de nuestro sindicato. El juez que llevará a cabo las audiencias es el Dr. Walter Candela del juzgado Criminal y Correccional Nº 12. Consideramos que el juicio implica un ataque brutal al derecho de huelga  y,  en  el  marco  de  los  anuncios  de  mayor  ajuste  y  reformas laborales,  resulta  evidente  que  el  proceso  tiene  un  claro  objetivo  de disciplinamiento social contra todo el movimiento obrero. Llegamos  a  esta  instancia  luego  de  un  procesamiento  que  modificó una  primera  decisión  judicial  de  declarar  la  “Falta  de  mérito”,  que  fue confirmada en cámara, pero en fallo dividido.

El juicio se desarrollará durante los tres días desde las 8 hs hasta las 17  hs.  El  lunes  30,  el  SiPreBA  está  convocando  a  una  movilización  a  la puerta  del  juzgado,  donde  funcionará  también  una  radio  abierta  para  que todos puedan expresar su solidaridad.

Comisión Directiva SiPreBA

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Ensayo de política antisindical

Tras los reclamos del gremio, el gobierno de la ciudad tuvo que dar marcha atrás con las licencias que había impuesto compulsivamente a diecinueve trabajadoras de la Asociación de Profesionales de Servicio Social.

apss

Después de un mes de conflicto, con manifestaciones en la calle y asambleas en hospitales y centros de salud, el gobierno porteño dio marcha atrás con las licencias que había impuesto compulsivamente a la comisión directiva electa de la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS), gremio de las asistentes sociales. La medida –una prueba piloto en el marco de lo que vienen siendo las políticas antisindicales de Cambiemos– intentó dejar sin trabajar y sin cobrar a 19 asistentes para evitar que asumieran sus funciones de representación gremial. Según denunció el sindicato, los funcionarios les advirtieron que harían lo mismo con otros gremios estatales, a medida que renovaran elecciones, porque estaban implementando un “nuevo paradigma” de la interpretación de la ley.

Aunque finalmente debieron anular las licencias compulsivas –lo que quedó asentado en un acta acuerdo–, la dirección de relaciones laborales del Ministerio de Hacienda porteño insistió en recortar la representación gremial, ya que reconoció a las autoridades del sindicato pero no a las delegadas.

No es un dato menor que la APSS tiene 30 años de existencia y que, como sindicato, cuenta con personería gremial. Es decir que no estaba en juego el reconocimiento de una nueva organización, sino de las autoridades que deben renovarse cada tres años. El 28 de agosto hicieron sus elecciones internas, que ganó la lista Naranja Violeta. Como se hace siempre, notificaron sobre  las nuevas autoridades a los ministerio de Trabajo de Nación y de Ciudad y al Ministerio de Hacienda porteño. “Nos respondieron que no la aceptaban y que nos licenciaban sin goce de sueldo”, contó a PáginaI12 Natalia Castrogiovanni, presidenta de la organización.

Para las trabajadoras sociales no hay duda de se trató de un ensayo que las eligió porque son un sindicato chico –de 500 afiliadas sobre un total de 800 trabajadoras sociales del área de salud–, integrado mayoritariamente por mujeres. “Hubo una interpretación maliciosa de la ley de Asociaciones Profesionales”, advirtió Castrogiovanni.

Las licencias sin goce de haberes son un derecho reconocido en la Ley de Asociaciones Sindicales, pero no una sanción que el Estado, como empleador, pueda imponer.

De hecho, el primer efecto sobre las 19 trabajadoras licenciadas, de no haberse revertido la medida, hubiera sido la pérdida de sus salarios.

La semana pasada, abogados laboralistas, dirigentes de las tres centrales sindicales y organismos de derechos humanos denunciaron al gobierno nacional ante la CIDH por su ofensiva para debilitar los mecanismos de protección de los trabajadores. Las medidas de la gestión de Cambiemos, así como su discurso público, apuntan a borrar que la relación entre el trabajador y el empresario es una relación desigual y, en ese marco, a deslegitimar o directamente barrer sus instancias de defensa, como la Justicia del trabajo, los convenios colectivos y la posibilidad de contar con una representación gremial. Contra esta última área, el menú de Cambiemos viene incluyendo campañas de estigmatización contra los dirigentes sindicales, intervención de gremios, pedidos de quite de personerías jurídicas y despidos de comisiones internas. El licenciamiento  compulsivo fue un paso inédito en la misma dirección.

Junto con las protestas que siguieron a la sanción, la APSS presentó una medida cautelar ante la Justicia para que las resoluciones tomadas por la oficina de personal del Ministerio de Hacienda porteño quedaran sin efecto. “Estábamos esperando la decisión de la Justicia cuando nos convocaron para firmar el acuerdo; entendemos que el acta va a ser enviada al juzgado para expresar que han revertido la medida. Sin embargo, tenemos la mitad del problema resuelto: nos estamos organizando para continuar con el plan de lucha, porque tampoco vamos a retroceder con nuestro cuerpo de delegadas”, anticipó Castrogiovanni.

La impugnación de las delegadas fue planteada por el Ministerio de Hacienda porteño, como empleador, y es una cuestión que deberá resolver la cartera de Trabajo. Entre los argumentos oficiales hay una redefinición del conjunto de trabajadores a representar. Como gremio de las trabajadoras sociales de salud, APSS representa a las 800 asistentes que se desempeñan en hospitales y centros asistenciales porteños. Sobre el total de los representados, las asociaciones sindicales para hacer la elección necesitan un piso del 10 por ciento de afiliaciones. “Pretenden que ese diez por ciento sea no del total de las trabajadoras sociales, sino del total de trabajadores de la salud”, señaló la consultada. “Con esto, estarían impugnando de hecho a todos los gremios de profesionales, forzosamente más chicos, como las asociaciones profesionales de médicos o psicólogos, porque entienden que podríamos estar afiliados al Sutecba. Intentan poner un piso para desarmar a los gremios, en el marco de los avances de la reforma laboral”.

Levantado de Linea Sindical.

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Río Negro: Ataque de la patota de la UTA a delegados gremiales

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Levantado de ANRed. El 24 de marzo, los trabajadores de la empresa 18 de Mayo de General Roca, en Río Negro, denunciaron haber sido patoteados por miembros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Según cuentan, todo comenzó en el mediodía del jueves 23 cuando se disponían a realizar una asamblea en exigencia del “pago de la zona fría” (compensatorio otorgado por la Provincia) y del cual sólo faltaba la firma del sindicato. Los trabajadores de la firma vienen denunciando que los directivos de la UTA actúan como un apéndice del empresario, negándoles el acceso a dicha compensación. Aquel viernes, recibieron un mensaje claro desde la entidad gremial: “Déjense de joder con «la zona» porque los vamos a hacer mierda”. 


Las amenazas no tardaron en hacerse realidad. En la mañana del viernes, los delegados fueron citados por Angel Rubio, Secretario General Adjunto de UTA Rio Negro, quien los esperaba para “conversar” junto a cuatro matones que, a punta de pistola y golpes de puño, los obligaron a renunciar de sus funciones sindicales.

Los trabajadores de la empresa 18 de Mayo denuncian que desde el gremio buscan reponer a sus representantes por gente de la UTA, sin elecciones previas. Según la versión de un chofer, que prefirió mantener el anonimato para no sufrir represalias, “estos hechos son comunes dentro de las empresas de transporte”. Y denunció que “no se pagan las horas nocturnas ni los feriados y que no tienen descanso entre vueltas, ni siquiera para ir al baño”.

Con los delegados expulsados, los representantes de la UTA se apersonaron en la cabecera para informar las novedades. Traían consigo un acta acuerdo para ser firmada por los trabajadores, en la cual se les otorgaba solamente el 10% del pago de la zona fría; acta que, de no ser firmada, conllevaría al despido del chofer.

No es la primera vez que se denuncia a la UTA por hechos como este: los trabajadores de Metrovías han tenido que lidiar con barras bravas armados, al igual que los choferes cordobeses, donde el sindicato fue intervenido por orden de la dirección nacional.

Los trabajadores de la empresa 18 de Mayo denuncian estar siendo víctimas de una “mafia sindical” y exigen el pago completo del acuerdo como, a su vez, la inmediata reincorporación de su legítimo cuerpo de delegados.

Por Corresponsal Popular.

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Trabajadores de Metalsa denuncian nuevos despidos discriminatorios

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En el día de la fecha fue (nuevamente) despedido el compañero Mario “Charly” Lezcano (foto), quien fuera reincorporado a Metalsa hace algunos meses. Metalsa nuevamente lo despide para dificultar la organización de los trabajadores: Charly Lezcano había notificado a la empresa por telegrama esta misma semana su precandidatura a delegado en las próximas elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica.

La burda maniobra de la patronal pretende impedir su postulación, lo cual constituye una inaceptable injerencia en la vida interna de la UOM.

Además, esta misma semana Metalsa también despidió al compañero Palomo, quien se hallaba organizando su postulación a delegado para el Sector Estampado.

Estos despidos se producen mientras la multinacional incumple una medida cautelar del Juzgado Laboral nro. 76 que ordena la reincorporación de Ignacio Serrano, delegado de la UOM despedido en 2015.

En la fábrica hay mucho descontento, los trabajadores reclaman a los delegados y a la Directiva de la Seccional Vicente López de la Unión Obrera Metalúrgica que frenen los despidos. Exigimos a la Seccional de la UOM y si es necesario, a la UOM Nacional que tome cartas en el asunto.

La empresa ha salido con gerentes y líderes a “explicar” que los despedidos son “zurdos”, razón por la cuál los trabajadores han iniciado demandas penales por discriminación. En este momento nos encontramos evaluando la convocatoria a reuniones, de donde salgan medidas de lucha concretas.

TRABAJADORES DE METALSA EN LUCHA – 16/03/17
Contacto: 011-3933-9802

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