Difundimos el comunicado del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia quiere expresar su repudio a las amenazas del represor Sandoval.
Durante la mañana del miércoles 14 de septiembre, en el TOF 5 del Juzgado de Comodoro Py, comenzó el juicio al represor Mario Sandoval, por el secuestro, imposición de tormentos y desaparición de Hernán Abriata, en octubre de 1976.
Durante su alegato, el represor mencionó directamente a nuestro compañero Carlos Loza, compañero de encierro de Abriata y testigo en la causa, y su búsqueda incansable de justicia.
«El señor Loza hizo todo lo posible para que me extraditen» Sic. esa fue la frase con que Mario Sandoval, desde el banquillo de los acusados, formuló una amenaza que ahora pesa sobre nuestro compañero y pretende hacerse extensiva a toda persona comprometida con el ejercicio de la Memoria, la búsqueda de la Verdad y la exigencia de Justicia.
Denunciamos esta maniobra desesperada y cobarde por parte de Sandoval y sus defensores, que busca amedrentar, callar y confundir.
Sandoval debe decir dónde está Abriata y dónde están los otros 600 detenidos desaparecidos de cuya desaparición es responsable.
Exigimos a los integrantes del TOF 5 que tome medidas que preserven la integridad de Carlos Loza, Mónica Dittmar compañera de Hernan y demás familiares de Abriata.
La centralidad está dada por el secuestro de Hernan Abriata, la dispersión que intenta Sandoval es para ocultar su responsabilidad en el hecho.
Hacemos enteramente responsable al Estado por la seguridad de todos los testigos.
Seguimos exigiendo la Apertura de Todos los Archivos, para terminar de una vez con la impunidad que gozan los genocidas.
Difundimos la convocatoria impulsada por la Campaña x la Restitución de la Comisaría 3ra
Este sábado 17/9 a las 14hs a 45 años de la Noche de los lápices, marchamos desde el puente Ezequiel Demonty (exUriburu) x Av. Escalada y Av. Perón a la comisaría 3ra de Valentín Alsina, el último centro clandestino donde estuvieron quienes les adolescentes exdetenidxs desaparecidxs. Vamos a denunciar a este centro clandestino exigiendo la Restitución de la Comisaría 3ra, por un espacio de memoria en Lanús. Cuando llegamos haremos radio abierta, trae tu testimonio, tu denuncia o tu solidaridad. Nos vemos el sábado!
Convocantes:
Comisión de Vecines Justicia por Campomar FOB Autónoma Asamblea Campomar Red Docentes Feministas Coordinadora contra la impunidad policial
Adhieren (hasta el momento)
Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Fcio Varela H.I.J.O.S Zona Oeste SERPAJ Servicio Paz y Justicia Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia CeproDH Centro de Profesionales por los Derechos Humanos Secretaria de DDHH de CTA-A Capital EMCF Encuentro Militante Cachito Fukman EPCT Encuentro de Profesionales contra la Tortura CADHU Centro de Abogades por los Derechos Humanos APEL Asociación de Profesionales en Lucha CAJ Comité de Acción Jurídica AEDD Asociación ex detenidos desaparecidos HIJAS La Plata – Ensenada CADEP Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo Espacio de Lucha Nilda Eloy de La Plata FAL frente antirrepresivo en lucha Movimiento Nacional de Sobrevivientes del Terrorismo de Estado ( Ex Presas, Ex Presos, Exiliados Y Exiliadas, Hijos e Hijas ) Autoconvocados Coordinadora por el Cambio Social: FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) -Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; MULCS Movimiento por la uUnidad Latinoamericana y el Cambio Social; Movimiento 8 de abril) – Igualdad Social – FAR y COPA en Marabunta – FOB Autónoma (Federación de Organizaciones de Base, Autónoma) – OLP Resistir y Luchar Polo Obrero Consejerias de Vivienda Alternativa Docente Alternativa estatal ANCLA- MST Movimiento Popular Lanusense Escuelita de arte callejero Colectivo Psicosocial Caracol Sociedad de Resistencia de Oficios Varios zona Sur, Adherida a la FORA (Federacion Obrera Regional Argentina) Frente Popular Dario Santillan Tatagua Colectiva Transfeminista Fabio Basteiro Trabajador de Aerolíneas Argentinas, Diputado Caba MC Daniel De Santis, Programa Todos los Fuegos Elsa Basterra, Memoria Verdad y Justicia PRT Venceremos PT PCT Frente de L Agustin T Partido Obrero PRC Roja Y Negra-Organización Política Anarquista Horizonte Comunista MST en el FITUnidad ASL Acción Socialista Libertaria
El desalojo en Hirigoyen 74 y 84 (Avellaneda) fue ordenado en 2019 pero nunca se ejecutó. Así, durante tres años más las familias que habían construido su hogar allí durante 30 años mantuvieron sus viviendas.
El 29 de agosto llegó una nueva notificación de parte de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Avellaneda: «tienen plazo hasta el día 9 de septiembre de 2022 en la banda horaria de 8:30 a 10:30 para desalojar el inmueble por sus propios medios. En caso contrario, se procederá a lanzarlos a la vía pública», textual que se lee en el papel sellado por Miguel Oscar Cartazzo.
Son las 6:45 y el sol empieza a asomar entre los edificios. Todavía no se presentó ninguna autoridad pero sí hay camiones de fletes. Las familias embalaron sus pertenencias y se prepararon para dejar el lugar. Pero aguantaron hasta último momento.
Pasadas las 8:00, cualquier especulación sobre si van a desalojar o no queda aplastada por las botas. Varias camionetas de la Policía Bonaerense (sí, la de Berni y Kicillof) y decenas de efectivos burócratas judiciales se hacen presente para ejecutar, contentos, la orden que defiende siempre la propiedad privada.
No hay nada que hacer: nadie, ninguna organización de ningún tipo se acercó a apoyar. Así, desfilando entre el cordón policial, fleteros y vecinxs vacían las viviendas. Mientras, funcionarios judiciales y comisarios ríen, comentan, disfrutan.
No importan las lágrimas, los bebés en brazos de padres y madres, les niñes sentados sobre sus colchones en la vereda, las bicicletas tumbadas, los electrodomésticos a la intemperie. No importa que hoy volvió a azotar el frío y la temperatura marca menos de diez grados. Lo que importa es ejecutar la orden. La supremacía del papel. La burocracia de la muerte y cometer, una vez más, el desalojo de cada día.
▪️Si querés colaborar económicamente con Mery, una de las vecinas desalojadas, escribinos por mensaje y te pasamos su CBU.
Nuevamente tomamos las calles llevando adelante esta gran jornada de lucha a nivel nacional que visibiliza y repudia y la represión que ejerce históricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares, aquí nos encontramos para unificar el grito de bronca, dolor, amor y resistencia. Queremos que el poder nos vea, queremos que deje de ser SORDO Y CIEGO. Qué pasa que no nos ven?
La impunidad que pretenden imponernos tiene como respuesta esta iniciativa de los familiares de víctimas del gatillo fácil y la represión estatal, ya sea por acción u omisión, marcha que hoy se replica en Córdoba, Chaco, Tucumán, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, Río Negro (Cipolletti y Bariloche), Mar del Plata, Misiones, y en otras ciudades y pueblos del país.
Hoy decidimos marchar con las fotos de los asesinos de nuestros hijxs, tanto los victimarios directos como los responsables políticos, algunos de los cuales siguen formando parte de diferentes gobiernos. Sus rostros tienen que ser conocidos por todos y todas, son victimarios y son peligrosos.
Nuestras palabras pueden parecer repetitivas, pero es que la situación de represión e impunidad se profundiza año a año. Ningún gobierno, aun el que se llama a sí mismo “progresista” ha terminado con la política de aplicar pena de muerte, que se llama gatillo fácil.
Denunciamos no sólo a los policías, prefectos, gendarmes, funcionarios o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen, sino al Estado en su conjunto, del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, Municipal, Provincial y Nacional.
El estado mata de muchas formas. Con una bala, pero también con la desprotección, con la desidia y con la corrupción.
El estado es también responsable por las muertes en contextos de encierro. El sistema penitenciario refleja un escenario de desigualdad social, discriminación, racismo y selectividad del sistema de justicia penal, que castiga a los grupos más vulnerados social y económicamente. Estos grupos no tienen celdas vip ni gozan de beneficios. Sus derechos son vulnerados, se los somete a violencias, desatención de la salud y alimentación, tortura física y psicológica,.
No podemos dejar de decir lo que ocurrió en el hospital Borda el 14 de agosto ucurrio un caso de gatillo fácil contra un paciente en el sector servicio NRO 2 perpetrado por un policía de la ciudad de buenos aires , alegando que en paciente asesinado tenía un cuchillo , ahora nos preguntamos que hacia un policía en un hospital ???
Que función cumplen ahí , porque no se supo de este asesinato .en contexto de encierro por salud mental .
El 60% del total de personas privadas de su libertad son jóvenes de 18 a 30 años de edad. Más de la mitad no tiene condena, sino que cumple prisión preventiva como pena anticipada. Casi el 90% de las personas detenidas están acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad (robos, tentativas, hurto, etc.) o por infracción a la ley de drogas, siempre por narcomenudeo, u otros delitos menores. Casi ninguna persona presa es funcionaria estatal o policial. Las causas contra funcionarios públicos de diversos gobiernos en general no prosperan, se diluyen o cajonean. Es por esta extrema desigualdad que la llamada “ley de víctimas” 27372, afecta básicamente a personas jóvenes con derechos vulnerados en una larga cadena de injusticias, y no a ningún “pez gordo” judicial, político o de fuerzas de seguridad.
Las muertes en comisarías e instituciones penales se disfrazan como “suicidios” o “accidentes” que todas las familias denuncian. Así ocurrió con Daiana Abregú, una joven de 26 años cuyo cuerpo fue hallado el 5 de junio pasado en un calabozo de la comisaría de Laprida provincia de Buenos Aires; asesinato amparado por el médico legista que realizó la primera autopsia; y el fiscal sin embargo, en la segunda autopsia se demostró que no había marcas de lazo en su cuerpo, pero sí síntomas de asfixia mecánica , en ese contexto estaban detenidos 5 policías 3 mujeres y 2 hombres.
Repudiamos con toda bronca y asco la libertad de los 5 policías asesinos el Día 22/8
Alegando que Daiana se suicidó y sabemos que no que la torturaron y asesinaron con prácticas de los peores años de nuestra Argentina la dictadura cívico militar eclesiástica .
En este mismo sentido denunciamos el asesinato de Leo Bravo, de 37 años, en Charata, provincia de Chaco, el 26 de febrero de este año, del que se cumplen hoy, 6 meses. Leo fue hostigado y perseguido en los últimos 5 años por la policía, – bajo la excusa de su consumo problemático- hasta culminar en una golpiza de la cual hay testimonios; asesinato que también fue disfrazado en una trama de complicidades y falsas autopsias, que actualmente están siendo investigadas, y 4 de los policías implicados están detenidos.
Los casos de Daiana y Leo no son aislados, ya que el informe oficial del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura indicó que, en 2021, hubo 83 muertes de detenidos en seccionales policiales en todo el país.
Las formas que algunos llaman “ausencia del estado” también son maneras de matar, como lo demuestran, entre otras, la falta de políticas frente al aumento sideral de los feminicidios y el maltrato constante a las víctimas y familiares dentro de las dependencias que debieran contenerlas. Desde enero hasta julio de este año, se produjeron 171 feminicidios, 3 trans/travesticidios y 10 feminicidios vinculados; en esta misma situación, 191 hijos e hijas quedaron sin madres.
No podemos dejar de mencionar aquí la sentencia por el crimen de Cecilia Basaldúa, cuyo cuerpo se encontró en Capilla del Monte en abril de 2020, con signos de violencia física y sexual. Por el mismo, sus familiares denunciaron que el único acusado por el crimen era lo que llamamos “un perejil”. Recientemente se realizó el juicio, repudiado por la familia, donde este único acusado fue absuelto, pero donde la fiscal nunca escuchó a los padres ni siguió línea de investigación que implicara a los policías. Otra de las tantas causas armadas, a veces para encubrir, y a veces para frenar nuestras luchas.
Es común que a familiares y amigos/as, además de condenarnos a investigar y desocultar, se nos ningunee y hasta amenace. Así ocurrió con la familia de Facundo Ferreira, el niño de 12 años baleado en la cabeza en San Miguel de Tucumán en 2018. Durante todo el proceso judicial los familiares del niño fueron hostigados inclusive con disparos frente a su casa, y en la lectura de la sentencia, fue atacada una periodista. Por este asesinato se logró condenar a cadena perpetua a los policías Cáceres y González Montes de Oca, demostrándose que alteraron la escena del crimen mientras Facundo agonizaba, intentando crear la teoría de un enfrentamiento, que fue difundida por las cúpulas de las fuerzas de seguridad de Tucumán y por la propia Patricia Bullrich, que era en 2018 Ministra de Seguridad Nacional.
Bullrich es la ex ministra que justificó al asesino Chocobar, la misma que propuso que se arme quien quiera, mientras fue gobierno; pero su discurso e intención no están lejanos a Berni, actual Ministro de Seguridad de la provincia de Bs As, quien recientemente volvió a pedir la baja de la edad de imputabilidad. Ese mismo Berni acaba de declarar que: “hay una complicidad, a veces por necesidad, de algunas familias que no quieren ver”. Ese mismo ministro que no ha sido llamado a interpelación por ninguno de los diputados o diputadas que se definen como “progresistas”. ¿No saben que mensaje de mano dura de estos personajes, reforzado a toda hora por los medios masivos de comunicación, significa más control social, más represión, más injusticia social y más pibes muertos? Se pretende mostrar a las fuerzas represivas como heroicas, pero en realidad son parte del problema y no de la solución. Las zonas liberadas donde operan las fuerzas de seguridad se cobran muchas vidas, y son los mismos personajes que operan en las redes de trata y corrupción.
Por cada condena que le arrancamos a un poder judicial lento, negligente y hasta cómplice, hay cientos de casos que no llegan a juicios, o donde hay condenas ridículas frente a la gravedad de la muerte de nuestros pibes y pibas.
Ha sido un logro la condena, en agosto de 2021, al prefecto Brites, asesino de Cristopher Bocha Rego, a cadena perpetua y a otros miembros de la fuerza a penas por encubrimiento, así como la condena – en 2022- por el asesinato a Nicolás Vázquez ocurrido en 2013, cuando se encontraba desarmado, asustado y con las manos en alto. Por este crimen se logró la perpetua para el ex comisario Héctor Amarilla.
Al mismo, tiempo y denunciando las tramas cómplices políticas, judiciales y policiales, repudiamos el lamentable resultado del juicio por el asesinato de Marcos Acuña, fusilado en 2015 por el prefecto Juan José Silva. El asesino alegó defensa propia, después de disparar 3 veces contra un joven desarmado. Solo tenía 2 encendedores en su bolsillo .
La sentencia, de 2022, le llegó a la familia y abogados a través de un correo electrónico, posiblemente porque el Tribunal no se atrevió a enfrentarlos cara a cara; y fue de un año de condena en ejecución condicional y cinco de inhabilitación para portar armas, considerándose que actuó en un exceso de legítima defensa y (sin poder probar en ningún momento de qué se estaría defendiendo).
Vergonzoso es también el resultado del juicio por el asesinato de Pablo “Paly” Alcorta, fusilado por el policía Diego Ariel Tolaba en 2013. En este juicio se evidenció la terrible complicidad de la fiscalía con la fuerza policial. Una fiscalía que leyó su alegato y solicitó absolución para el asesino. Diego Ariel Tolaba está en libertad, dejó de ser miembro de la bonaerense para ser policía de la ciudad.
Otro asesino suelto que le duele la condena social que se pasa de jurisdicción protegido por la fuerza.
Son incontables también las causas que se caen por inacción de la llamada justicia, o por sospechosas “pérdidas de pruebas” que benefician a los asesinos de nuestros pibes y pibas. Citamos el caso del asesinato conjunto de Huguito Arce y Carlos Vázquez, fusilados por el cabo de la policía Sergio Bobadilla, quien solamente fue llamado a declarar como testigo. Posteriormente, en 2015, la pericia balística determina que los jóvenes no tenían armas; esta pericia “desaparece” del juzgado y si bien la familia la recupera, con la excusa de la pandemia se demoran los tiempos y actualmente la causa está en proceso de cierre.
Estas injusticias no son casuales ni son excepcionales, es por eso que, si bien seguiremos llenando los tribunales y las calles ante cada juicio, sabemos que es en inferioridad total de condiciones.
En mayo de 2023 comenzará el juicio por Brandon Romero, asesinado en Mar del Plata el 5 de julio de 2020. Su asesino, Pedro Arcángel Bogado, vació su cargador entero en el cuerpo de Brandon. En ningún momento le hicieron el test de alcoholemia ni el de toxicología al oficial Bogado. Luego de una larga lucha, sus familiares y amigos han conseguido que la causa se eleve a juicio, en este caso por jurados, pero sin acusación por parte del fiscal.
Nos preguntamos ??
Porque el fiscal no acusa , cual es la función de un fiscal ?
De acusar o de defender ??
También comenzará en esa fecha, el juicio por la Masacre de Monte, donde Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez murieron en 2019, tras una persecución policial a los tiros y un choque posterior; en el mismo acto fue herida gravemente Rocío Quagliarello. Los policías están imputados por homicidio agravado.
En todas estas luchas, peleamos por la sentencia, pero también y sobre todo por la conciencia. Para que exista de verdad un NUNCA MAS que nunca lo fue.
Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad con un sistema injusto. En este sistema injusto el peor crimen es la desigualdad social, que se profundiza.
Hace pocos días, en la ciudad más rica del país Buenos Aires, murió una niña de 11 años por desnutrición. Los y las docentes de la escuela denuncian en el día a día las problemáticas de la comunidad, las condiciones edilicias y de alimentación en los comedores escolares. El estado vulnera los derechos de los niños y niñas. El problema no es la gente más castigada que recibe subsidios. Hay que hablar de la falta de presupuesto para educación que siempre es una de las partidas más afectadas en los recortes, junto a las partidas de los comedores y un menú que no resuelve el aporte calórico de quienes están en crecimiento. La muerte de esta niña es un crimen de estado, fue una muerte anunciada y fue una muerte evitable. El estado es responsable!
Cuanto más hambre y pobreza, cuanto más ajuste, habrá también mayores estallidos, mayor indignación, y por tanto mayor represión de los distintos gobiernos; mayores permisos para accionar con impunidad por parte de las fuerzas represivas.
La verdadera seguridad no se asienta en el aparato represivo del estado sino en el cuidado y bienestar de todo el pueblo. No permitamos que los discursos de odio se instalen, el problema de la violencia lo crean los poderosos.
Esta situación no ocurre solamente en nuestro país, sino que más allá de las fronteras debemos denunciar la criminalización que sufren los pueblos. Repudiamos nuevamente al Estado genocida, femicida e infanticida de Paraguay por la violación, torturas asesinato de las dos niñitas argentinas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años el 2 de septiembre del 2020 y la desaparición forzada de Elizabeth Oviedo Villalba «LICHITA» el mismo día. Exigimos su aparición con vida y la libertad de Laura Villalba, víctima de una causa armada, en un contexto de persecución a toda la familia Villalba.
En esta lucha desigual estamos, en esta lucha desigual nos encontramos, en esta lucha hacemos visibles las injusticias. Queremos que nos vean y escuchen, queremos no ser invisibles. Qué pasa que no nos ven qué pasa que no nos oyen?
Nuestra lucha es contra la impunidad de ayer y de hoy. Nuestra lucha es con los ejemplos de otros y otras luchadores/as, y con la bandera de sus hijos que nos mostraron las Madres. Hoy queremos abrazarlas, y en particular recordar que un 27 de agosto pero de 1976, milicos asesinos secuestraron Ana María Baravalle, hija de nuestra Madre Mirta Baravalle, y a su marido Julio Cesar Galizzi. En ese momento Ana María tenía un embarazo de 5 meses de gestación, es decir que seguramente dio a luz a su hijo o hija en cautiverio.
Desde ese momento, Mirta encara su lucha por aparición con vida, y también por recuperar a Camila o a Ernesto. Seguiremos buscando, Mirta, seguiremos luchando como nos enseñan Mirta, Nora, Elia y tantas Madres!
Los familiares sabemos que la acción colectiva es lo único que potencia nuestra lucha, sin distinguir entre víctimas de primera o de segunda, para nosotros todos los pibes y pibas son iguales. Aunque el dolor nos atraviese, tenemos que seguir buscando las formas de denunciar y organizarnos. Nos tienen que oir, nos tienen que ver. Las fotos de nuestros pibes y pibas asesinados, GRITAN desde sus miradas.
* * BASTA DE LIBERAR A LOS REPRESORES ASESINOS DE NUESTROS PIBES Y PIBAS
* * LIBERTAD a los y las presos por luchar
* * NO la baja de edad de imputabilidad
* NI UNA MENOS en las cárceles también
* BASTA de redes de trata
*BASTA de persecución y estigmatización a las personas lesbianas, gays, travestis, trans, y a todas las diversidades sexuales
* BASTA de torturas y muertes en lugares de detención
Periódico El Roble 