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Crisis sanitaria: en plena pandemia la Clínica Constituyentes no paga salarios

Desde hace cuatro años que la patronal comenzó con las irregularidades en los pagos. Trabajadores y trabajadoras denuncian que la situación empeoró con la pandemia.

La clínica privada Constituyentes de la familia Piccinin ubicada en Morón -oeste del Gran Buenos Aires- emplea a unos 400 trabajadores y trabajadoras, que incluyen distintas áreas como cirugía, atención de terapia intensiva, enfermería, personal de rayos, atención de ART, administrativos y limpieza. Una de las trabajadoras nos decía “estamos reclamando nuestro salario, que se nos pague en tiempo y forma porque nosotros venimos a trabajar todos los días pero ya no podemos solventar nuestra vida”.

La patronal de los Piccinin cobró nueve meses de ATP en 2020 y ocho meses de Repro este año, aún así recurre a la especulación y la dilación en los pagos salariales. De este modo, pago el sueldo de Julio en cuatro cuotas, deben agosto, aguinaldo y cuatro meses de horas extras (que además pagan en negro). Deben además el bono por trabajadorxs esenciales, entre otras cuestiones ligadas al salario.

Uno de los delegados ATSA (sanidad) nos decía que “con el tema de la pandemia, aumentaron los contagios y por lo tanto hay un déficit de atención porque la gente prefiere no venir a trabajar aunque haya horas extras para hacer porque saben que no las van a cobrar, obviamente prefieren quedarse con sus familias, todo gracias a la irresponsabilidad de la empresa”.

Consultando con algunxs de sus trabajadorxs, señalaban que el manoseo de la patronal para retrasarse en los pagos de sueldo son frecuentes. “Nos mienten en la cara, aunque ni siquiera llevando adelante este plan de lucha dejamos de atender a los pacientes que son lo primordial; hoy que paramos y  marchamos seguimos atendiendo las guardias”.

En este marco el pasado miércoles 3 de septiembre iniciaron un plan de lucha con un paro de 24 horas -que se suma a otros 16 paros que realizaron en lo que va de la pandemia-, una movilización para llevar sus reclamos a la Secretaría de Trabajo del Municipio de Morón. Allí consiguieron ingresar sus denuncias y tener una audiencia con representantes de la cartera laboral y la patronal. Organizados en asambleas, decidieron otra movilización para acompañar dicha audiencia.

El miércoles 8 se realizó el encuentro, pero la patronal se ausentó. Solo quedaron promesas de que la semana que viene se pague la parte adeudada del salario de agosto y sin demasiadas respuestas sobre los demás puntos reclamados. Lxs trabajadorxs realizaron una nueva asamblea donde acordaron dar continuidad al plan de lucha con una nueva movilización para el miércoles que viene para presionar la reunión con las partes y conseguir respuestas favorables.

Tal como ocurre en otros sectores de la salud, queda al descubierto la fragilidad del sistema sanitario nacional, que si funciona es gracias a sus trabajadorxs que desde el primer momento son quienes ponen el hombro. Desde el periódico El Roble llamamos a solidarizarnos con la pelea de todxs lxs trabajadorxs de la salud y quedamos a total disposición de lxs compañerxs para difundir su lucha.

Por Facundo Anarres.

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Escándalo en salud: En el Hospital Larcade de San Miguel renuncia todo el servicio de cardiología y clínica

Se trata de unos 50 profesionales de la salud, entre médicxs de planta, residentes y concurrentes. Denuncian persecución gremial y malos tratos por parte de la directora del hospital Gladys Amantia, al secretario de salud municipal Esteban Sieling y del intendente Jaime Méndez (Cambiemos). Desde hace más de 100 días las y los trabajadores del hospital vienen pidiendo reclamando la provincialización del Larcade, el pase a planta de todxs lxs contratadxs y el inmediato aumento salarial que aleje a estos trabajadores esenciales de la miseria de los sueldos municipales.

En medio de la segunda ola de la pandemia se da esta renuncia masiva que hace entrar en crisis total al hospital municipal de la localidad de San Miguel, oeste del conurbano bonaerense. Hace 16 días que se encuentran realizando un paro por estos motivos. Plantean que se hace “inaceptable seguir trabajando en un ámbito de estrés y maltrato” y que por estos motivos se ven forzadxs a renunciar.

Quienes conocemos y vivimos en zona oeste sabemos la importancia que tiene el Larcade para la comunidad de San Miguel, los cientos de pacientes que se atienden en los distintos servicios. Pero también conocemos las pésimas condiciones edilicias y de limpieza, la falta de personal, la falta de insumos de todo tipo, y también, solo con charlar un rato con cualquier trabajador o trabajadora, sabemos los bajos salarios que paga el municipio.

Esta situación explotó hace algo más de tres meses cuando lxs trabajadorxs dijeron basta, exigiendo aumentos salariales y la provincialización del hospital, que desde hace mucho tiempo sufre ahogo presupuestario. La respuesta del intendente Méndez fue alizarse con la burocracia del sindicato municipal para matonear a los activistas y desarticular las distintas medidas como asambleas abiertas, movilizaciones y abrazos al hospital. Incluso llegó a mandar a la policía bonaerense para intervenir en la elección de delegados de Cicop que se realizó a principios de marzo.

A la presión que vienen sufriendo las y los trabajadores esenciales en la primera línea en la lucha contra el coronavirus se le sumaba todo este contexto adverso. Parece ficción, pero en medio de una pandemia que azota al planeta entero, los funcionarios miran para otro lado y son responsables de que finalmente renuncie medio centenar de profesionales de la salud. Es necesaria toda la difusión por todos los medios de esta situación y rodear de solidaridad a lxs trabajadorxs del Hospital Larcade. 

Por Facundo Anarres.

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Espacio de trabajadorxs de Zona Norte: lanzan campaña en defensa de la salud

Difundimos el comunicado del Espacio de Trabajadorxs de Zona Norte.

Ante el Agravamiento de la Situación Sanitaria y Económica.
DEFENDAMOS LA SALUD, LA VIDA Y LOS INTERESES VITALES COMO TRABAJADORXS.

Una verdadera catástrofe se está produciendo diariamente durante esta segunda ola de Covid que azota al país, a la región y al mundo entero. Miles de contagios y cientos de muertes evitables, que no debemos naturalizar.
Semejante catástrofe requiere de medidas excepcionales y urgentes para cuidar la salud y la vida, al mismo tiempo que asistencia para las personas que perdieron sus trabajos y el sustento de sus familias. No hay posibilidad de cuidar la salud si el precio es el hambre o las necesidades extremas.
La inmensa mayoría de nuestra clase ha tenido que someterse al riesgo de contagio desde el principio de la pandemia, empezando por lxs trabajadorxs de la salud y por las demás actividades imprescindibles para el funcionamiento de la economía y la sociedad.
Las clases dominantes fueron imponiendo sus intereses, alentando, promoviendo y obligando a retornar a los trabajos, a producir como «escenciales» las ganancias de las que se apropia esa minoría social beneficiaria del trabajo social en tiempos normales, y también en las pandemias.
Los gobiernos y los medios se encargaron de correr la discusión sobre quiénes son imprescindibles para enfrentar la situación sanitaria y quiénes no, con la excusa de “cuidar la economía”. Tampoco se dice dónde están los fondos que hacen falta para que se pueda bajar la circulación sin que nadie pierda su trabajo ni su salario, y que se pueda dar ayuda social a quienes lo necesitan: las ganancias de las patronales.
Llama la atención que todas las industrias y empresas de servicios, aunque no sean escenciales, consigan autorización del gobierno para abrir las plantas, obligando a trabajar de manera presencial. Es lo que denuncian trabajadorxs de Alba, del neumático, automotrices, químicos, algodoneros, del perfume, incluso frigoríficos, que si bien producen alimentos, una gran parte es para exportación. También se les permite realizar despidos masivos como en Arrebeef con un grupo de trabajadorxs, por reclamar un aumento de salarios.
Distintos sectores de trabajadorxs de la salud, de la educación, de la industria y los servicios, venimos reclamando la vacunación para toda la población, exigiendo la incautación de las que se producen en nuestro país, para que sean envasadas y aplicadas masivamente según la necesidad social y no que dependan de las ganancias de las empresas que, en el mundo entero, especulan con este bien necesario y escaso.
También es urgente que se otorgue un ingreso universal para quienes están sin trabajo, inyectar fondos para atender las crecientes necesidades sociales, elevar los salarios por encima de la canasta básica, defender los convenios, hacer efectiva la prohibición de despidos y así cada derecho que las patronales pretenden arrebatarnos.
Exigimos que los fondos destinados a pagar una deuda externa fraudulenta e ilegítima, que el pueblo no contrajo, se destinen a satisfacer las crecientes necesidades de los sectores más castigados por este cuadro de situación.
Denunciamos el papel cómplice de las cúpulas de los sindicatos (con las patronales y los gobiernos) que nada hacen para defender el salario, los derechos, la salud, la vida, la vivienda o los demás derechos que nos merecemos gozar.
Por eso, alentando todas las formas de lucha, la organización democrática con asambleas y plenarios, el impulso de comités de seguridad e higiene, la mayor unidad de acción como clase trabajadora, la coordinación de fuerzas e iniciativas de lucha, con independencia de las patronales y sus representantes, debemos hacernos oír con nuestras demandas.
Repudiamos la persecución judicial que se lleva adelante contra trabajadorxs de Arrebeef o contra la secretaria general de SUTEBA Tigre; o los intentos de desafuero a delegados en el Subte, en Austral y otras empresas; y exigimos la libertad de Sebastián Romero, preso por luchar.
La importante reunión de este lunes 24 de Mayo, en la que participaron dirigentes, delegadxs y trabajadorxs de Linde, Frigorífico Rioplatense, Hospital Larcade, Línea 60, Just, Bedtime, SUTEBA Tigre, Cicop Tigre, Cicop Cordero de San Fernando, Fate, Coca Cola, Algodonera Avellaneda, INTI, de la carne de Gualeguay, de Arrebeef, de Página 12, de la Dirección General de Escuelas, FAR, FOL, El Roble, un compañero abogado y otras organizaciones, resolvió difundir este llamado a las organizaciones obreras y populares, invitando a participar de las próximas convocatorias, que se mantendrán regularmente, por que sabemos que esto no cambiará sin la lucha organizada.
Las restricciones de este tiempo de pandemia no impedirán que sigamos visibilizando los reclamos y las luchas. Con ese propósito, se organizarán nuevas transmisiones en vivo, boletines informativos y otras iniciativas.
Seguimos construyendo unidad, organización y conciencia de clase.

Espacio de Trabajadorxs de Zona Norte. 26 de Mayo de 2021.

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Aborto Legal: cuál es la situación actual para garantizar el derecho a decidir en el país

El 29 de diciembre pasado se logró la aprobación para que sea Ley en la Argentina la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14. Este paso histórico, más allá de que haya sido aprobado el proyecto del Poder Ejecutivo y no el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, es un avance progresivo en la lucha por los derechos de las personas con capacidad de gestar y del movimiento feminista en general. Y sobre todo, un producto de la lucha del propio movimiento.

Con este nuevo piso conquistado, pero con mucho por delante para que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sea un hecho en cada rincón del país -sobre todo teniendo en cuenta que las conseciones que el proyecto aprobado de Alberto Fernández le hizo a la Iglesia y sectores anti derechos, resultan obstaculizadores de la práctica-, desde El Roble charlamos con María Jose, médica de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir (RPDD) de Jujuy, con Jimena Rudi, psicóloga y con Flavia Del Rosso, médica, ambas integrantes de la RPDD Regional Santa Fe Centro Norte.
Con esta, iniciamos una serie de notas con las que intentaremos reconstruir una mirada federal de cómo se plantea este nuevo momento de la lucha feminista para quienes ocupan la primera línea en este sentido.


¿Cómo ven el futuro por poder hacer cumplir el derecho a la IVE en la provincia?
María José: Jujuy es una provincia muy conservadora, que, paradójicamente fue una de las primeras en el país, que sacó una resolución adhiriendo a las guías de ILE del ministerio de Nación. Desde el año 2012 se constituyó en el sistema público de salud una red de consejerías en opciones de la que formó parte con el fin de garantizar las ILE en la provincia. Les profesionales y trabajadores de la salud que formamos parte de las consejerías, estamos mayormente en el primer nivel de atención. Enfrentamos serias dificultades en el 2do trimestre en el caso de las ILE que no pueden resolverse en la Atención Primaria de la Salud, porque existen servicios enteros que son objetores de conciencia y antiderechos en el 2do nivel de atención que obstaculizan el acceso a ILE. Tuvimos casos muy lamentables en los que se obligó a parir a niñas que sufrieron abusos. Resolviendo realizar maduración de pulmones y practicando microcesareas sin respetar la voluntad de estas niñas de interrumpir un embarazo producto de una violación. Lo cual es muy grave. Falta mucho todavía para reconocer el trabajo de las consejerías en opciones y para mejorar el acceso a derechos en Jujuy. Tendremos que seguir activando para garantizar derechos, como venimos haciendo. Hay que tener en cuenta que aun en Jujuy, no hay pleno acceso a la Educación sexual integral y tampoco hay pleno acceso a ILE.
Jimena Rudi: La ley viene a abrir una nueva posibilidad, porque en el sistema de salud pública de nuestra regional no sólo ya se estaban realizando interrupciones legales bajo protocolo, sino que se estaba hablando de las interrupciones voluntarias de embarazo, había una demanda de un marco legal que dé respuesta a esta necesidad. El poder judicial con el fallo FAL por ejemplo o el poder ejecutivo con el protocolo nacional de ILE dio respuesta mucho antes, en cambio el poder legislativo, particularmente el senado, fue el espacio que dio muestras de ser el más conservador porque no tuvo una lectura del proceso social que ya estaba conquistado y que ya tenía un respaldo del estado y que puntualmente en el sistema de salud pública ya se estaba realizando.
  El posicionamiento de les mediques y profesionales que garantizaban una ILE hasta ahora daban cuenta de que la voluntad de la persona que solicitaba una interrupción del embarazo estaba íntimamente relacionada con procesos subjetivos y sociales; sin embargo esto debía ser demostrado, firmado y hasta se debían realizar informes para justificar las causales de la salud integral que estaban en juego. Pero para esto era necesaria la mirada de quien recibía la demanda porque muchos profesionales siguen considerando a la salud sólo desde el plano  físico. Con la nueva ley se puede garantizar este derecho más allá del profesional que reciba la demanda, incluso aquellos que muchas veces han obstaculizado una interrupción Legal en el sistema de salud hoy sabe que eso está penado, por lo tanto tienen que garantizar una derivación para que esa persona pueda acceder a este derecho. Ya no hay excusa, ya no queda dentro del consultorio el maltrato, hoy en día existe una ley que los profesionales deben cumplir.


¿Cómo ven a la Red para encarar esta nueva etapa de la lucha?
M.J.: Como profesional de la salud, la red ha sido y seguirá siendo un respaldo para quienes estamos en el sistema de salud, garantizando derechos. En provincias como Jujuy, muchas veces quienes garantizamos derechos, enfrentamos, obstáculos en nuestro trabajo, estigmatización, maltrato y hasta amenazas de sanciones y suspensiones como consecuencia de cumplir con nuestro trabajo y nuestra militancia. La Red y la campaña han sido un refugio y un lugar donde apoyarnos en momentos de dificultades y persecución.
A nivel nacional la Red de profesionales y la campaña nacional están colaborando con el Programa Nacional de Salud sexual y Procreación responsable para garantizar las ILE en la provincia desde el 2020. Se espera que la articulación se fortalezca para la implementación de la ley IVE en todas las provincias.
Flavia Del Rosso: La Red viene con un camino recorrido desde hace tiempo ya, desarrollando un trabajo sostenido en pos de la implementación de la ILE a nivel nacional desde antes del 2018, aunque posterior a este año se ha fortalecido y se ha consolidado por la legitimación social que se da a partir de que se pone en discusión el aborto y desde que la sociedad empieza a tener un poco más de conocimiento en relación a esta temática y también en relacion a la existencia de profesionales, tanto de aquellos que acompàñan una ILE como de personas que abortan. Así que en ese sentido, creo que nuestro trabajo como red va a ser el de acompañar la implementación de esta política que siempre es el costado más difícil y el más lleno de incertidumbre cuando ya tenemos una ley, una vez que ya paso esa parte de la discusión, la implementación tiene sus particularidades, sus dificultades, hay que seguir con el abordaje desde abogacía, el trabajo de negociación, porque aparecen las dificultades prácticas como la capacitación de profesionales, en qué medida se da la adecuación de las curriculas universitarias y de posgrado, la generación de las condiciones en las instituciones para respetar la confidencialidad y cuidado para que la persona que está haciendo una interrupción no tenga que estar en una habitación al lado de una puérpera con su bebé. Todo una serie de cuestiones muy específicas, como es el AMEU y las intervenciones a partir del segundo trimestre que ya exigen un trabajo a nivel institucional y que al conformar nosotras una red que ya viene trabajando y que ya estamos insertadas a nivel de las instituciones creo que vamos a tener mucho para aportar a la implementación de esta política. Creo que va a seguir siendo ese nuestro trabajo además de la difusión de los recurseros, tenemos uno elaborado a nivel federal, esperamos que los estados provinciales los sepan aprovechar para ir viendo por dónde empezar, dónde están les aliades para la implementación de esta política y con quiénes se puede desde ya empezar a trabajar porque tienen experiencia en la ejercicio de esta práctica.

¿Les parece que se abre la posibilidad de iniciar o avanzar en la pelea por otros derechos?
M.J.: Siempre. Vamos por más. Sabemos que nuestro activismo no se agota con la sanción de la ley y seguiremos militando para hacer efectivo el derecho al aborto en las provincias. Lo mismo nos pasa con otros derechos conquistados como la ESI e incluso la ILE o la ley de prevención y sanción de las violencias de género. Sin embargo, sabemos que al patriarcado y su cultura opresora no lo erradicamos. Se viene la lucha por la separación efectiva de la Iglesia y el Estado, y la lucha por el reconocimiento del enorme aporte al sistema y la sociedad que hacen las mujeres, sobre todo, a través del trabajo de cuidado NO REMUNERADO en las familias y en la comunidad. Poner en el centro el cuidado, reconocer la importancia y democratizar la responsabilidad del mismo de toda la sociedad es algo que queda pendiente a través de legislaciones que reconozcan a trabajadoras y trabajadores el derecho al cuidado de sus hijes pequeñes, por ejemplo.
F.DR.: Ya tenemos la ley de IVE, ahora debemos seguir en la lucha para que se garantice su efectiva aplicación (tanto en lo público como en lo privado), y por la efectiva aplicación de la ESI en la escuelas, además seguir exigiendo que se cumpla la ley que indica la garantía al acceso de métodos anticonceptivos, desde la Red sacamos un comunicado hace algunos meses debido a ciertas irregularidades en la entrega de métodos anticonceptivos (situación que se repite en toda la provincia de Santa Fe). El cuidado de salud sexual reproductiva y no reproductiva es un derecho humano que el Estado no puede incumplir


Por Danisa y Facundo Anarres / Imagen: @lalentedetinta

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