Los aceiteros profundizan las medidas con piquetes en San Lorenzo

Por Red Eco.

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La negativa del gobierno nacional de homologar el acuerdo entre los aceiteros y las patronales del sector profundizó la medida de fuerza que el gremio viene llevando a nivel nacional. Ayer, una multitudinaria asamblea de trabajadores resolvió acentuar las acciones gremiales y marchar a instalar piquetes en San Lorenzo, donde el gremio no está afiliado a la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, y por tanto no viene haciendo medidas de fuerza. Mientras tanto, se estima que entre 80 y 100 buques permanecen parados en distintos puntos de las vías de navegación, con un costo de 25 mil dólares por día y por barco.

En medio del conflicto, que lleva 21 días, se espera el resultado de una reunión que tendrá lugar hoy en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde nuevamente gremios, patronales y gobierno se vuelvan a ver las caras. Reunión cuyos paritarios estaban presentes anoche en la asamblea desarrollada frente a las instalaciones de la planta de Santa Clara, en la zona suroeste de Rosario.
Reclamo y convenio
Los aceiteros venían reclamando un 43 por ciento de incremento en sus haberes, mientras que las empresas y cámaras del sector se hacían eco del 27 por ciento que acordaron otros gremios, mientras el gobierno llama a la “razonabilidad” y que no se llegue a convenios por más del 30 por ciento.
Finalmente, llegaron a un entendimiento por el 36 por ciento, que fue aprobado por la asamblea de anoche. Pero este convenio se cayó porque el gobierno nacional no lo ratificó. En diálogo con La Capital, el secretario general de la federación afirmó que “el conflicto sigue por tiempo indeterminado,. En estos momentos, las acciones están focalizadas en todo el país menos en el cordón industrial del norte del Gran Rosario, donde los aceiteros no están adheridos a la federación”, explicó.
El dirigente afirmó que el ánimo entre los trabajadores “está muy alto, la gente está incentivada, concientizada de lo que quiere. Llegamos hasta acá porque los mismos compañeros nos llevaron, el pulso de ellos es el que más nos apuntaló. No hubiésemos llegado a este 36 por ciento de no haber sido por este apuntalamiento”. De hecho, en la asamblea de ayer, los trabajadores ratificaron los mandatos otorgados a las comisiones.
Yofra señaló que el conflicto alcanza a unas 40 empresas instaladas en el país y compromete a unos 40 mil trabajadores. Y que según algunos cálculos extraoficiales, hay entre 80 y 100 buques parados en el río. “Creo que especularon con la solución del conflicto, pero esto no fue así y están teniendo pérdidas que rondan los 25 mil dólares por barco por cada día que están sin actividad”, dijo, dando cuenta de las pérdidas millonarias que genera un conflicto que tiende a agravarse: la asamblea aprobó marchar a San Lorenzo e instalar los piquetes, algo que comenzaron hacer al cierre de esta edición, aunque sin revelar los puntos específicos.
De todos modos, el dirigente ya viene sosteniendo que las empresas pueden asumir el incremento acordado. “Las aceiteras tienen un costo laboral que va del 0,5 al 1,8 por ciento. Cargill facturó 26 mil millones de pesos en 2013; Dreyfus, 19 mil millones, y Molinos Río de la Plata, 21 mil millones. El aumento que pedimos llegará a 1.500 millones de pesos, mientras que las empresas van a facturar 250 mil millones este año. Las empresas pueden pagar lo que pedimos y mucho más también”, espetó el dirigente.
Sin aval
El acuerdo alcanzado el viernes por los aceiteros elevaba el salario inicial a 14.390 pesos. Pero el Ministerio de Trabajo no dio el aval, ya que la cifre supera con creces a la pauta del 27 por ciento que fijó el Ministerio de de Economía junto a la UOM, la Uocra y Comercio.
“Fuimos acusados de intransigentes durante la negociación, pero está demostrado que la irresponsabilidad está del lado de la patronal y del Estado”, manifestó el sindicato a través de un comunicado. Para la federación, el gobierno y las patronales actúan en “complicidad”, y habló del gremio como una organización que “pelea por sus trabajadores y sus derechos, y que no está alineada detrás de ningún partido político”, en relación a las entidades sindicales más afines al gobierno.
En la asamblea de anoche, Yofra fue duro con los gremios que acordaron el aumento del 27 por ciento, posición que no comparte “para nada”, los acusó de “estar dispuestos a perder salario” y de ser “cómplices de los partidos y las políticas del gobierno, que quiere controlar las paritarias fijando un techo. El gobierno tiene un doble discurso. No es que no homologa el convenio; es peor, directamente lo niega”, dijo ayer en un encendido discurso frente a un millar de trabajadores que representaban a todo el país: había delegaciones de Reconquista, San Luis, Tancacha (Córdoba); Bahía Blanca, Baradero, Entre Ríos, General Cabrera, entre otros destinos.
Es que durante la asamblea de ayer hubo numerosas adhesiones de organizaciones, como docentes, mecánicos, entidades de derechos humanos, grupos partidarios. En la calle, la fila de colectivos estacionados se extendía por varias cuadras sobre avenida Uriburu, y los asambleístas vestían en general sus ropas de trabajo. El clima era de satisfacción por los resultados de la negociación con las patronales.
El primer orador de ayer fue el secretario de Prensa de la federación, Walter Nardi, y luego le tocó el turno a Yofra, quien fustigó a los gremios oficialistas y al gobierno.
La asamblea, que aprobó el convenio, ratificó a los dirigentes al frente de la negociación y votó en favor de marchar hacia San Lorenzo, se desarrolló en forma pacífica. La gente solamente interrumpió los discursos para dirigirse con insultos al dirigentes aceitero sanlorencino Pablo Reguera, cuyo gremio tiene 3 mil afiliados y no adhiere a la medida de fuerza nacional.
Fuente: http://www.agenciafe.com

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Agresión a Damián González trabajador reincorporado de Lear

En el día de ayer una patota, que responde a la lista Verde del SMATA de Pignanelli, atacó con un elemento cortante a Damián González.

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Damián se reincorporó a la fábrica luego de la gran lucha de Lear, que en pocos casos la Justicia falló a favor por la reinstalación. Desde el mismo martes pasado, una patota del gremio apañada por la patronal, se dedicó a hostigar al compañero y a los trabajadores que demostraban algún tipo de solidaridad.

En día de hoy se hizo pública la declaración que reproducimos a continuación:

Compañeros/as: 
Les enviamos esta declaración ante la gravísima agresión sufrida por Damián Gonzalez, trabajador de Lear quien fue reincorporado este martes 19/5 por orden judicial. Damián fue herido con un cuter en su zona abdominal, debiendo ser atendido en el hospital.
Es inaceptable que en nuestro país sucedan hechos como éste. Este ataque sucedió dentro de la fábrica autopartista. 
Pero este no es un caso aislado como denuncia la declaración, si no que se repite en la multinacional Volkswagen contra el trabajador Tomás Nieto.
Les pedimos a todos/as nos ayuden a difundir y nos hagan llegar su solidaridad para los trabajadores.
Muchas gracias

Contacto: 
Damián Gonzalez, trabajador agredido 1164802258
Rubén Matu, delegado de Lear: 155-141-186

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JUICIO POLITICO A HORACIO PIOMBO Y BENJAMIN SAL LLARGUES: LA ABERRACIÓN JUDICIAL HOY ENCUENTRA LIMITES

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El día 20 de mayo, a instancias del Legislador Cristian Castillo (PTS-FIT), y por unanimidad, se dio curso al juicio político que enfrentarán los Jueces Horacio Piombo y Benjamin Sal LLagués.

Dicha “unanimidad” política en destronar a dos jueces vitalicios de la justicia bonaerense, encuentra su motivación en la  indignación popular que produjo el conocimiento de un fallo que expuso uno de los costados más rancios de la justicia penal.

En su potestad casatoria (ya que son magistrados encargados de revisar los fallos de jueces de primera instancia), llegó a la Sala integrada por Horacio Piombio y Benjamin Sal LLargues un recurso de casación donde se cuestionaba la condena de seis años dictada en perjuicio de  Mario Tolosa, por haber abusado sexualmente de un niño de seis años, en el contexto de su rol de Vice director del Club de futbol  donde el niño desarrollaba sus actividades recreativas.

En su sentencia,  redujeron la pena del abusador sosteniendo que las circunstancias personales del menor impedían la aplicación de la agravante de la figura penal de abuso sexual “gravamen ultrajante” contenida en el art. 119 2do párrafo del C.P. (código penal)

Para justificar su decisión de reducir la pena a tres años y dos meses de prisión, el voto del Juez Sal LLargues, al cual adhirió Piombo sostuvo  que “es claro que la elección sexual del menor, malgrado la corta edad, a la luz de los nutridos testimonios de sus próximos, ya habría sido hecha (conforme a las referencias a la recurrencia en la oferta venal y al travestismo)… -textual-

Luego de hacer referencia al núcleo familiar anterior del menor, donde su padre se encuentra detenido, su madre lo ha abandonado y su abuela no “presta mucho interés por el mismo”, adujo que el abuso sexual al que fue sometido no ingresaba en la figura agravante de “gravemente ultrajante” debido a “…esa familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera. En todo caso y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso…”

Gracias a esta sentencia, el abusador recuperó su libertad.

Dichos argumentos revelan el lado más oscuro de estos personajes:, la agravante “gravemente ultrajante” sí correspondía, ya que el C.P. determina su aplicación “por las circunstancias de su realización” cómo así también las agresiones sexuales que causen un grave daño en la salud física o mental de la víctima.

Se trata de una resolución judicial que bajo el manto aparente de la teoría del delito y la aplicación de principios de derecho penal, esconde la subjetividad perversa de ambos jueces, que ya en 2011 fueron escrachados y requeridos su juicio político a causa de una sentencia en la que rebajaban la condena de un pastor sosteniendo que las víctimas de 14 y 16 años  vivían “en comunidades de bajo nivel social” donde “se aceptan relaciones a edades muy bajas” y que “además poseían experiencia sexual”.

Como trabajadores de la justicia, somos conocedores de las normas y principios que rigen el proceso penal, por eso nuestro profundo rechazo e indignación frente a sujetos que, nombrados por el poder político, se encargan de mantener y reafirmar la criminalización de la pobreza, la opresión de la mujer y la homofobia.

El poder judicial y el poder político

Este escándalo judicial que ha desembocado en el jury a Piombo y Sal Llagues, permite desenmascarar la falsa conciencia del “juez” como un sujeto de moral y ética, capacitado formalmente, objetivo, interpretador justo de la ley,  que imparte “justicia”.

Los posicionamientos políticos, la posición social, la religión y las lealtades juradas para acceder al cargo se proyectan en cada decisión que imparten, derribando el mito del juzgador imparcial, neutro y objetivo.

En tanto la ley juega un papel primordial para legitimar este sistema capitalista y las desigualdades de clase que genera y la opresión de la que se sirve, los magistrados desempeñan un rol central en la reproducción de los principios y normas que garantizan su continuidad, mediante la “aplicación en interpretación del derecho”.

Situaciones como la del caso, permiten desenmascarar estos mitos.

La “rosca” política

Cuando una persona aspira a ser magistrada, sea Juez, Fiscal o Defensor e independientemente de carrera profesional, de su conocimiento del derecho, de su vocación y dedicación, para ocupar el cargo, necesariamente tiene que, en la jerga judicial, “rosquear”

Ello implica que tiene que ponerse en contacto con algún enlace que lo conecte con el poder político de turno. Aquí la Unión de Magistrados, juega el papel de lobby, y por ello, todo aquel operador judicial que aspire a tales cargos, deberá afiliarse.

Además de la Unión de Magistrados, están los magistrados ya entongados con el poder político: tienen vinculaciones directas con personajes estratégicamente ubicados en la esfera del poder ejecutivo (Ministerio de Justicia) y en el poder legislativo (Senadores y diputados de peso político). De este modo, estos “cuadros” operan para seleccionar a aquellos que garanticen la lealtad.

Concurriendo a actos políticos, convocando a terceros a engrosar filas, firmando petitorios y haciendo bien las tareas que se les asignan, serán puestos en el lugar que aspiran  y de este modo, tendremos un nuevo juez, fiscal o defensor “soldado”, obediente al poder político de turno, y prestos a cumplir con su rol de disciplinador social.

Si bien esta es la práctica y la manera de acceder a la magistratura, dentro del poder judicial contamos con honrosas excepciones encarnadas en mujeres y hombres que, si bien tuvieron que someterse a la rosca política, lo hicieron de manera marginal y ejercen su cargo con responsabilidad y sensibilidad social.

Lamentablemente, son los menos, y día a día luchan contra la abrumadora mayoría de seres mediocres a quienes la justicia poco les interesa y que su ambición los llevó a aspirar a ese cargo por status social, los privilegios y la posición económica (los sueldos en Bs. As.  Arrancan de bajan de 40mil pesos) que traen consigo.

Asimismo, a medida que se quiere ocupar cargos de mayor jerarquía dentro de la estructura judicial, los vínculos con el poder político de turno se van haciendo cada vez más estrechos. Piénsese en un fiscal general, en Jueces de Casación o en Jueces de la Corte Suprema. Esos cargos son políticos, dadas sus implicancias obvias.

De este modo, siendo el poder político el encargado de determinar quién ocupará un cargo magistrado, ya que se requiere acuerdo del entre el senado y el poder Ejecutivo, existe un vínculo indisoluble entre los encargados de impartir justicia y los que detentan el poder.

Por ello, tenemos cientos de magistrados que como Horacio Piombo, comenzaron su “carrera judicial” en plena dictadura, legitimando el accionar represivo. En la medida que demuestren su fidelidad, seguirán tranquilos en sus sillones, una muestra mas de la falsa consigna de derechos humanos enarbolada por este gobierno.

El poder judicial y sus integrantes son por esencia conservadores: ayer convalidaron la dictadura, luego fueron radicales, mas aquí menemistas y hoy por hoy Kircheristas u opositores. Mañana, serán sciolistas, massistas o macristas: dependerá de quien gane la contienda electoral.

Piombo y Sal Llagues son jueces de Casación porque fueron serviles a los intereses políticos y supieron acomodarse al gobierno de turno. Y hoy están siendo juzgados y probablemente removidos de su cargo, debido a una interna (la cual desconocemos) dentro de los tribunales de la casación bonaerense, que permitió sacar a la luz un aberrante fallo, pero que no es el primero de esta dupla. Como trabajadores judiciales consideramos positivo el jury a estos personajes y a quienes como estos  forman parte de esta casta vitalicia reproductora de la opresión social.

Asimismo, este escándalo  judicial es una oportunidad para poner en debate quienes eligen a los encargados de aplicar la ley. El pensamiento legal y la ley serían muy diferentes si sus doctrinas básicas fueran escritas por la clase trabajadora, y si de nuestras filas saldrían los encargados de velar por su cumplimiento.

Si bien sabemos que ello sólo será plenamente posible en el marco de un proceso revolucionario, donde la clase tome parte activa de la definición de las normas sociales y su cumplimiento, debemos luchar para arrancar de las manos del poder político la elección de  Jueces, fiscales y defensores, terminar con la ocupación vitalicia y privilegios de los cuales hacen uso y goce e  imponer su selección mediante el voto popular independiente de las elecciones para cargos ejecutivos y legislativos.

Trabajadores Judiciales.-

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21/05/2015 · 21:42

URGENTE: Reprimen a trabajadores despedidos de World Color.

Nos llega recién este mensaje desde una actividad que se encontraban haciendo los trabajadores de World Color (Quads Graphics):

Difundir
Llamado URGENTE a la solidaridad de los trabajadores!

200 trabajadores de la fabrica “World Color” (grupo empresario Quad Graphics)de planta Pialar, que estaban organizados por fuera del gremio, hicieron unas 200 demandas contra la fabrica por incumplir el convenio.
La empresa se comió 200 juicios de los trabajadores que todavía no tenían sentencia hace un largo tiempo.
Los dueños cerraron la fabrica y hace tres días que están acampando en la puerta de la 2da Planta (que no esta cerrada y sigue trabajando) hubicada en ubicada en Pienovi 317, Avellaneda.
Ahora llego la policía y estan reprimiendo sin que haya intervenido ninguna autoridad, llego la fuerza y comenzó a pegar.
El gremio que los representa, la Federacion Grafica de Medios, se borró.
Los trabajadores quieren seguir produciendo pero tienen limitaciones en como seguir el conflicto.

Solicitan ayuda de algún partido o central obrera para que se contacte con ellos y ver como seguir la movida

Contactos
Alejandro (delegado) 11 3651 0174
Matias 11 3357 1358

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