Difundimos Comunicado de los trabajadores de AGR-CLARÍN

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En la mañana de hoy mientras los trabajadores de la gráfica Artes Gráficas Rioplatense del grupo Clarín, ubicada en el barrio de Pompeya, se disponían a entrar a trabajar, se encontraron con un cartel de la empresa donde anuncia la decisión de cerrar la planta aduciendo una crisis que no es tal (aquí se imprimen Revista Viva, Rumbos, Genios, Jardín, Cablevisión, Guías telefónicas, libros escolares, folletería, etc). Se trata evidentemente de una maniobra que busca quebrar la organización de la planta para imponer el ajuste que al amparo de la política oficial ya ha avanzado en otros sectores del gremio. Los trabajadores de AGR-CLARÍN se encuentran en este momento en su lugar de trabajo desarrollado un paro por tiempo indeterminado en defensa de sus puestos y condiciones de trabajo. Mientras en la puerta se está desenvolviendo un desproporcionado aparato represivo de la policía federal, gendarmería y personal de seguridad privada. La comisión interna y los trabajadores de AGR convocan de manera urgente a todas las organizaciones políticas, sociales, de ddhh y personalidades a acercarse de manera inmediata para rodear de solidaridad el conflicto, y reclaman a la dirección del sindicato gráfico la urgente convocatoria al plenario de delegados para tomar medidas de conjunto.

 Enero 16, 2017.

AGR: Corrales 1393
Pablo Viñas 1141777168

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Editorial El Roble 108 (digital), Enero: “Superar el aislamiento es la tarea del 2017″

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De este 2016 podemos decir que hubo una gran cantidad de conflictos marcados por la política muy agresiva de ajuste del gobierno de Macri, en particular en torno a dos ejes: 1) los despidos impulsados desde el primer momento por el Estado nacional, como claro mensaje al mundo empresarial, en el marco de una política antiobrera que apunta a la destrucción generalizada de derechos sindicales y laborales. Y 2) los aumentos brutales en energía, agua y transporte.

La respuesta a esta ofensiva antiobrera, con el puntapié de la ola violenta y arbitraria de despidos en el Estado, se dio a principios de año de múltiples maneras: desde los paros y la resistencia de los estatales de ATE, tanto la conducción de la verde nacional como expresiones concretas de izquierda combativa como las comisiones internas de los Ministerios de Trabajo y Economía, que alcanzaron en un momento una expresión de unidad importante. A la par, conflictos puntuales por destrucción de puestos de trabajo, desde los ceramistas de la empresa San Lorenzo a los trabajadores de prensa de todo el país con la conducción del nuevo sindicato SiPreBA a la cabeza, el cierre de Ar Zinc que generó un paro en el cordón industrial del Gran Rosario, otros conflictos regionales muy importantes con sus características de respuesta al ajuste como la gran lucha en Tierra del Fuego, etcétera.

Es imposible enumerarlos a todos, pero con la rapidez en la que se sucedieron estos hechos, generaron expresiones de resistencia y malestar, que llevaron a instalar en la agenda pública, como reclamo de mínima, la necesidad de frenar los despidos. A pesar de la cortina mediática cada vez más cerrada, esta demanda terminó por imponerse por su propio peso. Un punto de inflexión fue la convocatoria unificada de todas las centrales obreras -aunque Barrionuevo jugó a las escondidas a último momento- el pasado 29 de abril. De esa movilización surgió el impulso que terminó concretándose en la forma de una muy limitada Ley de Emergencia Ocupacional, no retroactiva, que fijaba la doble indemnización por 180 días, y que fue inmediatamente vetada por Mauricio Macri. La actitud pasiva y de entrega de las direcciones sindicales ante el veto fue la constante durante todo el año; amagues de paro que nunca se concretaron ni ante la negativa a reabrir paritarias, ni siquiera ante las insatisfactorias ofertas de los bonos de fin de año –que percibieron poquísimos sectores-.

Como hemos señalados en otras editoriales, el marco económico mundial no acompaña el deseo desesperado del gobierno de que arriben inversiones productivas. Así pasó el  “segundo semestre” sin ninguna luz en el túnel para las y los trabajadores. El salario perdió con la inflación casi 10 puntos de poder adquisitivo. A su vez para el inicio de este 2017 ya hay anunciados nuevos aumentos tarifarios en los servicios, se discute otra suba del transporte, hubo fuertes aumentos en peajes, del combustible, aumentó la escala para los monotributistas (gran cantidad de trabajadores precarizados pagan este impuesto) y se recortó la entrega de medicamentos a los jubilados que cobran más de $8.000. Pero las intenciones centrales de este segundo año, que ya se avizora de ajuste, están puestas en otra ofensiva: ir sobre los derechos laborales. El año pasado resonó la “ley de primer empleo”, la re-reforma de la ley de ART y el ataque contra la justicia laboral, entre otras. Ahora, ya plantean abiertamente rediscutir los convenios colectivos y volver al “empleo joven” o regímenes de pasantías. Es decir, ir a fondo en lo que es una tendencia a nivel mundial: abaratar el costo de la mano de obra -vía precarización laboral- como forma de impulsar las ganancias.

Esta perspectiva es la que explica los esfuerzos políticos del gobierno para alcanzar el pacto social con la burocracia sindical y los movimientos sociales. Sin embargo, la oposición peronista –en todas sus variantes- ha sido cómplice también en allanar este camino. Ya sea votando o al menos no entorpeciendo la salida de las leyes que necesitaba el gobierno, o bien no planteando una resistencia a la altura de las circunstancias. Esta actitud desde ya no asombra, puesto que garantizar la gobernabilidad para que puedan hacerse buenos negocios en el país fue la tónica del gobierno anterior.

Nada marca que el año que comienza vaya tener una impronta distinta. Queda la incógnita acerca de cómo hará Cambiemos para salir airoso de las elecciones legislativas ¿Alcanzará con la inversión en obra pública? ¿Lograrán domar la inflación? ¿Los millones destinados a los movimientos sociales serán suficientes para descomprimir la bronca? ¿Alcanzará el silencio de los grandes medios para invisibilizar las duras represiones a los que luchan (como los manteros de Once o la comunidad mapuche en la Patagonia)? ¿Hasta dónde golpeará al gobierno las diferencias políticas que se dan en sus propias filas?

Pese a las incertidumbres, no hay dudas que la clase patronal irá atacando los derechos conquistados de nuestra clase y que habrá luchas. El gran desafío, y único camino, es entonces cómo resolver el aislamiento en el que se vio cada conflicto, cómo impulsar la solidaridad de clase y la coordinación de las luchas. Solo de este modo podrá construirse una perspectiva desde y para la propia clase obrera y el pueblo.

Equipo de El Roble.

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Imputabilidad penal de menores: El “derecho” a ser condenados

 

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Cada vez que un adolescente aparece involucrado en un delito grave, especialmente en años electorales, vuelve a la tapa de los diarios el “debate sobre la imputabilidad penal” de los menores de edad. Políticos oficialistas (hoy, el mismísimo presidente Macri), opositores, opinadores profesionales, en fin, todos, claman por cambios en las leyes o en la forma de aplicarlas. Unos piden represión explícita a los gritos. Encerrarlos y tirar la llave, matarlos o esperar que se mueran. Otros son más sutiles, hablan de un “abordaje integral de la problemática (¿?)” y mechan en su discurso palabras como reinserción, resocialización, garantías y derechos. Pero marchen presos.

Paralelamente, jamás escuchamos a esos que salen a los gritos contra los “menores criminales” sugerir siquiera que haya mano dura y tolerancia cero para la infinidad delitos, muy superior en cantidad y calidad, que diariamente protagonizan policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles o militares, ni para los crímenes de la burocracia sindical, de los empresarios y funcionarios.

Nos saturan desde los medios hegemónicos con afirmaciones como que, en Argentina, ser menor de 16 años es tener licencia para matar. Silencian que, con las actuales leyes vigentes, ningún pibe, culpable o inocente, es impune si es pobre. Si tiene más de 16 años, va a juicio como cualquiera, sólo que lo juzga un tribunal que tiene un cartelito en la puerta que dice “Menores”, y, en lugar de ir a una cárcel, va a un instituto, como el Rocca, el San Martín o el Belgrano, donde el mismo cartelito es la única diferencia.

Y si tiene 13, 14 o 15 años, es todavía peor. Es cierto que no se lo juzga ni se le aplica una pena, porque es “inimputable”, pero el juez tiene la potestad de decidir que debe ser internado en algún instituto, o, si tiene suerte, es adicto y hay cupo, en alguna comunidad terapéutica. En uno u otro caso, en algún momento va a salir, abusado, violado, embrutecido, mucho más adicto de lo que entró, y listo para que lo fusile el primer policía con el que se cruce en el barrio.

O no va a salir nunca, como Ariel Llanos, Marcelo Zafatle, Néstor Salto, Germán Medina, Rodolfo Arancibia, María del Carmen Venencio, Marcos Dunda, Maximiliano Rodríguez, Luis Ordóñez, Fabián Lucero, Jonathan Retamoso, Marcelo López Pavón, Santiago Romano, Juan David Fernández, Santiago Romano, Guillermo Palleres, Micaela Romero, Diego Borjas, Maximiliano Graziano, Lucas Simone y muchos otros pibes y pibas muertos en alguno de esos lugares “de protección y contención” en todo el país. Dicho sea de paso, ninguno de ellos había cometido un hecho de sangre. Muchos, como Germán Medina, ni siquiera habían sido acusados por un delito, sino que estaban internados por razones “asistenciales”, para satisfacer “necesidades morales y materiales” que sus familias no podían proveer, y que el Estado resolvió matándolos.

Nos dicen también que hay un “vacío legal”, que hay que instaurar a nivel nacional un régimen penal juvenil similar al que ya rige en otras provincias, como la de Buenos Aires, con el argumento de que ser juzgado da a los pibes el derecho a defenderse. De nuevo, es cierto que la ley nacional que rige el procedimiento penal de chicos menores de edad es de 1980, pero la implementación, en muchas provincias y países limítrofes, de sistemas de responsabilidad penal juvenil no han modificado la vulnerabilidad y la injusticia que padecen los hijos de los pobres.

Tanto las leyes provinciales ya vigentes, como los diferentes proyectos existentes y que se vienen, declaman con cuidado cuanto derecho y garantía procesal recordaron sus autores, e invocan a cada paso la constitución y pactos internacionales. Así, empaquetan con un velo políticamente correcto la sujeción de pibes de 14 años a un régimen penal similar al de los adultos, que ni siquiera excluye el arbitrario procedimiento sumarísimo y sin defensa de la flagrancia.

Parte del discurso para la tribuna se nota cuando hablan de la necesidad de que los procesos sean rápidos, y que todo el trámite, desde su inicio hasta la sentencia, dure un año o menos. Cualquiera que camine los tribunales sabe que sólo se pueden cumplir esos plazos con condenas express, usando los juicios abreviados, en los que toda la actividad del defensor oficial se reduce a la extorsión (“firmá el abreviado, pibe, te conviene”), o con el sistema de la flagrancia. Esos mecanismos, aplicados a la realidad material de los chicos que son judicializados en nuestro país, los más pobres y vulnerables, son formidables herramientas de disciplinamiento social, que no consagran el “derecho al debido proceso”, sino el derecho a la condena.

Imputables o inimputables, hoy las cárceles de niños están llenas, y ninguno es el hijo de un empresario, un político o un funcionario. Esos, cuando cometen un delito, son tan impunes como sus padres.

Todo este “debate” sobre la imputabilidad penal de los menores de edad trata, en realidad, de cómo exterminarlos en mayor número, al menor costo posible, y que los que queden vivos, sirvan de clientes para las porquerías que trafica la burguesía, y de mano de obra esclava para su policía. Y que aprendan que si se rebelan, si dicen “no”, les puede pasar como a Luciano Arruga.

Nos quieren imponer un falso debate legislativo, escondiendo detrás de la biblioteca los cadáveres de miles de pobres, hoy al ritmo de uno por día. No quieren que veamos que, mientras se mantenga el carácter clasista del sistema judicial y de todo el aparato estatal, los niños pobres seguirán muriendo en los reformatorios. Y por supuesto, también seguirán siendo pobres.

Por CORREPI.

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Sigue la lucha en ESPN: un 2017 con 12 despedidos y la violación de la conciliación obligatoria

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Con el año nuevo la señal ESPN-Disney ratifica el despido a 12 trabajadores, técnicos y productores del sector Jornada discontinua.
Con una gran movilización en la puerta del Ministerio de trabajo convocada por los trabajadores despedidos, se realizó una nueva audiencia el jueves 29 de Diciembre. La concurrida movilización contó con compañeros Y compañeras del gremio y de diferentes organizaciones sindicales, políticas, sociales y de DDHH.
Luego de la audiencia, ya en asamblea, la comisión interna hizo pública el acta en la que ESPN-Disney ratifica los 12 despidos. La asamblea mocionó una nueva movilización para el día Jueves 5 de enero del nuevo año 2017. También pidió revalidar la denuncia, acerca de la violación de la conciliación obligatoria por parte de la empresa, en el Ministerio y preparar un plan de lucha con medidas de fuerza si la conciliación finaliza sin respuestas positivas.
Estos despidos se inscriben en una estrategia de ESPN de avanzar con contrataciones diarias o free lance en detrimento del Convenio Colectivo de Trabajo 131/75, en línea con los anuncios del gobierno de la necesaria revisión de los convenios colectivos, lo que lleva al avance contra los derechos laborales adquiridos.
Estos no son 12 despidos más. Se trata de una vieja idea de la multinacional, que ahora encuentra las condiciones para “matar dos pájaros de un tiro”: por un lado despedir a los trabajadores para cerrar el sector de Jornada Discontinua; y por otro echar a varios activistas sindicales de la empresa, ya que varios de los despedidos son activistas sindicales que luchan día a día por sostener y amplificar el cumplimiento de nuestros derechos.
Los despidos y el ataque a los trabajadores de ESPN es un ataque contra todo el gremio de TV, ya que las empresas se preparan para avanzar en la precarización de nuestros contratos y nuestras condiciones de vida. Por eso los trabajadores y trabajadoras de TV seguimos organizándonos y ponemos en pie una campaña de difusión solicitando el apoyo de todos los/as trabajadores/as del sector y la sociedad toda.
¡REINCORPORACIÓN DE LOS 12 COMPAÑEROS DESPEDIDOS DE ESPN!
¡TODOS AL MINISTERIO DE TRABAJO EL 5 DE ENERO 11:30HS!
¡NO A LA PERSECUCIÓN SINDICAL!
¡CONSTRUYAMOS UN PLAN DE LUCHA EN ESPN PARA FRENAR LOS DESPIDOS!

Adhesiones a:
blancaynegratv@gmail.com
FACEBOOK: Blanca y Negra TV
José Cal Mora: 11 5771-5982
Gonzalo Getselteris: 11 3432-4307

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