Edición digital El Roble N° 140 – Especial por coronavirus.
De forma repentina, pocos días antes del 1° de Mayo, un puñado de dirigentes de la Confederación General del Trabajo firmaron con la Unión Industrial Argentina un acuerdo de suspensiones con sueldo reducido en 25%, ante la atenta mirada de los ministros de Producción y Trabajo, Matías Kulfas y Claudio Moroni.
Cuatro fueron los dirigentes de la CGT que estamparon su firma: el binomio remanente de Secretarios Generales, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estacioneros de Servicio), su adjunto Andrés Rodríguez (UPCN) y el metalúrgico Antonio Caló, que pocos días antes había intentado firmar un acuerdo similar en su gremio y se había visto forzado a retroceder ante el malestar de las bases. Por el lado de la UIA, rubricó el acuerdo su presidente, el empresario aceitero Miguel Acevedo, y su vice, el abogado devenido dirigente patronal Daniel Funes de Rioja.
En la tarde del lunes 27 de abril empezó a circular en medios y redes el documento de la “Reunión tripartita para consensuar medidas que tiendan al sostenimiento del trabajo y la producción frente al COVID-19”. Ese largo título encabeza el acuerdo que en los hechos implica por un lado un marco que avala las suspensiones, hasta ese momento prohibidas, y por otro establece que los trabajadores suspendidos por la cuarentena pasaron a contar con ingresos del 75% de sus salarios.
Efectivamente, el texto del acuerdo refiere a “aquellas personas que no pueden prestar sus servicios habituales, disponiendo que en tal supuesto la situación será considerada como una suspensión encuadrada en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Asimismo se señala que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado”. Además se detalla que sobre este monto “deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23660 y 23661 y el pago de la cuota sindical”.
De esta manera, buscan que aquellos acuerdos firmados entre empleados y empleadores que se encuentren dentro de estas condiciones sean homologados en forma automática: “solamente en esas condiciones o cuando se establezca un porcentual mayor, la autoridad de aplicación homologará en forma automática los acuerdos que se presenten”.
El plazo de vigencia del acuerdo fue retroactivo al 1° de abril, abarcando sesenta días hasta fines de mayo.
El mismo constituyó un claro retroceso en relación a la normativa dictada hasta ese momento -más allá de su cumplimiento efectivo- que incluía el DNU 329/2020 de prohibición de despidos y suspensiones, pasando estas últimas a estar habilitadas, retroactivamente además, para todos aquellos que no continuaron trabajando por la cuarentena; así como la resolución del Ministerio de Trabajo 219/2020 (reemplazada por la MTESS 279/2020) que planteaba el cobro íntegro de las remuneraciones para el conjunto de los asalariados, estuvieran afectados o no por el aislamiento.
El Ministerio de Trabajo homologó rápidamente lo firmado, borrando con el codo lo publicado en el Boletín Oficial.
Desde la CGT buscaron justificar el acuerdo, afirmando que “no es una baja salarial”, sino que se trata de una “percepción que cobrarán los trabajadores suspendidos, que tiene que ser superior al 75%”, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas (NA).
“Es un piso para que los trabajadores suspendidos no cobren menos”, resaltaron.
Aunque “técnicamente” no sea un recorte de sueldos (“técnicamente no es delito” decía Laura Alonso) habilitó políticamente una situación ya instalada desde un sector del empresariado decidido a cargar el costo de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
Tras cuatro años de caída del salario real -un 20% promedio para el conjunto de los asalariados formales, según cálculos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma- cientos de miles de trabajadores afrontan un nuevo y particularmente dramático momento de crisis con un nuevo recorte del 25% sobre lo que efectivamente terminan cobrando, lo llamen como lo llamen desde la CGT.
Por Indymedia Trabajadoras/es para El Roble / Imágen: FOL prensa.
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